Movilidad segura como derecho para las personas

Claudia Rodríguez

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Los siniestros de tránsito causan cerca de 1,3 millones de muertes evitables y 50 millones de lesiones cada año, a nivel global. Se estima que esto empeorará la próxima década, obstaculizando el desarrollo sostenible, en especial en países de ingresos bajos y medios.

En Chile cada año fallecen más de 1.600 personas en incidentes de tránsito, con más de 56 mil lesionados de diversa gravedad, incluso ocasionando algún grado de discapacidad de por vida. Los peatones/as, ciclistas y motociclistas representan más del 50% de las muertes, según las últimas cifras de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset).

Dado el nivel del problema y la necesidad de actuar, los gobiernos de todo el mundo declararon por unanimidad, a través de la Resolución 74/299 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, una Segunda Década de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, con el objetivo explícito de reducir las muertes y lesiones en el tránsito en ese periodo.

México reconoce la Movilidad y Seguridad Vial como derechos constitucionales, siendo el primer país de América en declararlo así. Esto se traduce en un gran paso que se materializa con una Ley Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, que fija las bases para el diseño, modificación de calles y carreteras en el país, con la finalidad de que sean seguras para todo tipo de usuarios y así lograr cero fallecidos y lesionados en el tránsito.

Siguiendo los pasos de México, Chile incorporó en el borrador de la nueva Constitución en su artículo Nº7, el Derecho a la Ciudad y el Territorio, que determina que "el Estado será quien deba garantizar la protección y acceso equitativo a servicios básicos, bienes y espacios públicos, movilidad segura y sustentable, conectividad y seguridad vial". Esto es un hecho realmente histórico y relevante que posiciona a las personas que se movilizan diariamente por la ciudad en el centro de reales esfuerzos de transformación en materia de seguridad vial.

Si la nueva propuesta de Carta Magna se aprueba, relevará a la movilidad segura como un derecho humano que debe ser garantizado, impulsando múltiples estrategias y compromisos de los actores claves nacionales e internacionales, que deberán desarrollar e implementar medidas orientadas a reducir significativamente las muertes, lesionados y pérdidas de años de vida provocados por el tránsito.

Para que la movilidad de las personas sea segura, saludable y accesible, tanto en entornos urbanos como rurales, será clave fortalecer la convivencia vial de manera urgente y transdisciplinar. Se debe también reconocer a los diferentes modos de transporte no como competencias, sino como complementarios, donde se fortalezcan los comportamientos viales adecuados de las personas.