En la periferia de la ciudad es frecuente avistar sitios eriazos. Ellos se caracterizan por estar desprovistos de actividad y en consecuencia terrenos sin ley, así se consolidan sectores estigmatizados y que degradan su entorno. Allí se emplazan focos de delincuencia, drogadicción e insalubridad, y en el caso de Huechuraba un nicho de negocio y desfalco público.
Hoy, la primera semana de noviembre del año en curso, la Municipalidad de Huechuraba se apresta a la aprobación de una nueva licitación de servicios de mantención y equipamiento de las áreas verdes de la comuna (2022-2024). La cual a pesar de aún no ser aprobada por el concejo municipal, ya cuenta con cuestionamientos de las comunidades, pues incorpora 24 áreas verdes que no existen como tal y es lo que la gestión municipal ha denominado "zonas carentes de estructuras que mantener".
Esto es de larga data. En la auditoría que recibió el municipio el año 2018 se generaron observaciones a las contrataciones de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, y es por esto que -luego de dos años- la Dirección de Control instruyó el inicio de sumario para determinar responsabilidades por el pago de servicios no prestados e incluso el pago duplicado de alguno de ellos.
Así, el 27 de julio del presente año, el periódico digital Interferencia denunció a Huechuraba por el pago del mantenimiento de 33 áreas verdes inexistentes. La gestión del actual alcalde Carlos Cuadrado Prats (PPD) desembolsó $697.203.290 en 60.955 metros cuadrados de "zonas carentes de estructuras que mantener", es decir el edil benefició entre los años 2017 y 2020 a la empresa Alto Jardín en la mantención de zonas eriazas en las que no se realizó ningún trabajo urbanístico.
A pesar de las denuncias de diversos medios y cuestionamientos de las propias comunidades a la falta de probidad en los recursos municipales ¿por qué la gestión municipal decide continuar beneficiando el negocio de Alto Jardín, incluso generar una prórroga del contrato el 2021 sin licitar? ¿Por qué el municipio no solicitó el total de la devolución del pago de prestaciones no realizadas que instruyó la Dirección de Control? ¿Por qué no avanzar en reevaluar los metros cuadrados que efectivamente requieren mantenimiento para las nuevas bases de licitación, para así, no continuar reproduciendo irregularidades en los contratos?
En consecuencia, el municipio hasta la actualidad realizó el pago de servicios inexistentes a la empresa Alto Jardín. Más aún, ésta no es la única irregularidad en la cual el municipio se habría visto involucrado, ya que el propio jefe comunal fue suspendido de sus funciones a principio de año, por modificar un contrato el año 2017, el cual es un inicio se relacionaba con labores de mantención y equipamiento de áreas verdes pero que finalmente correspondió a la tala y retiro de árboles, en beneficio de la misma empresa, por $43.744.400. Así, por el "incumplimiento a los deberes propios de su cargo", el Tricel decidió sancionar a Cuadrado con la suspensión en el ejercicio de su cargo por un mes y el goce del 50% de su sueldo; luego de haber omitido la propuesta pública y el acuerdo del concejo municipal.
El gasto excesivo de los recursos públicos en contratos irregulares en la comuna de Huechuraba no debe seguir el mismo cauce, es momento de frenar el negocio a puertas cerradas para así abrir a la comunidad el interés en lo público. Son ellos, que mientras la gestión municipal transfiere dinero a servicios no prestados, quienes ocupan y recuperan el espacio público, como es el caso del Parque Memoria de la Vertiente y Parque La Paloma, que hoy en día son experiencia del quehacer de las propias comunidades.
El concejo municipal debe rechazar la actual licitación e iniciar el proceso, con nuevas bases que consideren la participación vinculante de las comunidades en la producción de sus vidas.
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