¿Convivencia vial?
En 2017 se publicó la nueva Política Nacional de Seguridad de Tránsito, instancia que se construyó a partir del trabajo participativo de entidades públicas, privadas, agrupaciones ciudadanas, asociaciones de víctimas de siniestros viales y actores relevantes en materia de seguridad vial. La idea era alcanzar la “Visión Cero” para Chile, es decir, llegar a transformarnos en un país sin fallecidos ni lesionados en el tránsito.
Un año más tarde, en 2018, se aprobó la Ley de Convivencia Vial, impulsada principalmente por las organizaciones de la sociedad civil. La intención era compartir en los espacios viales todos los modos de transporte: peatones, bicicletas y automóviles. También se sumó la reducción de la velocidad máxima urbana a 50km/h.
Pero todo esto que sonaba muy bien lamentablemente no se cumplió. De hecho, ni siquiera nos estamos acercando a las metas. Según datos de CONASET, al 8 de noviembre 2020, se reportan 1262 personas fallecidas en las vías de nuestro país. Y lo que es peor, se evidenció un aumento de 32% en el número de ciclistas fallecidos en relación al año anterior, cifra que para los motociclistas llega a un 30%.
¿Cómo desarrollamos la convivencia vial?
¿Cómo evidenciar que es un tema de salud pública?
¿Cómo avanzar en una real visión cero? La buena noticia es que las respuestas a estas preguntas no son tan complejas de desarrollar. De hecho, sólo se requiere de voluntad y sentido de urgencia. Nada más y nada menos.
Con voluntad se avanza para poner las urgencias correspondientes a los proyectos que se discuten en el Congreso.
Con voluntad no es necesario perder tiempo intentando convencer que las cifras son reales y que todos los días mueren personas en nuestras calles.
Con voluntad se llega a la convicción que hay factores de riesgo que causan siniestros viales y que deben fiscalizarse. Las estadísticas están ahí y son conocidas: la velocidad es la principal causa de muerte en el tránsito y conducir desatento a las condiciones es el primer factor de siniestros viales en Chile, con más de 25.500 al año.
Las recetas para enmendar el rumbo están escritas hace tiempo. Resulta fundamental que podamos endurecer penas para los infractores, pero al mismo tiempo, poniendo énfasis en fortalecer la fiscalización.
Con esto en marcha, se hace prioritario mejorar la infraestructura de nuestras ciudades y generar un plan de educación vial que tome en cuenta todos los modos de transporte.
La pandemia nos obliga a rediseñar la ciudad, atender las desigualdades territoriales y fragilidades sociales de nuestro país con sentido de urgencia y coherencia.
La bicicleta, por ejemplo, se transformó en el modo de transporte “estelar” a fortalecer durante y pos pandemia, tomando en cuenta que es limpia, accesible y saludable.
Sin embargo, se requiere la voluntad y urgencia de los actores claves para otorgar la seguridad que necesitamos al subirnos a ella.
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