Estado ciudadano y copropietarios más activos
El futuro de las ciudades en Chile está vinculado a la vida en condominios. Algunas estimaciones señalan que una cuarta parte de la población del país habita en régimen de copropiedad inmobiliaria. Si nos concentramos sólo en los edificios, las cifras de los últimos censos nos indican que durante los últimos 30 años este tipo de viviendas pasaron de representar 8,5% a 17,5% del parque residencial.
Teniendo en cuenta la escasez de suelo que hay en el Gran Santiago, y en la mayoría de las grandes ciudades del país, podemos proyectar que esa proporción seguirá en aumento.
De la mano de este vertiginoso crecimiento vertical, debieran venir reflexiones profundas para prepararnos a una nueva apuesta de vida comunitaria. Una mayor incidencia de la vida en condominio comienza a mostrarnos con creciente insistencia el desafío de acordar con otras y otros las formas en que usamos los espacios comunes, aprendemos a adoptar acuerdos representativos y co-construimos nuestros reglamentos.
La Ley de Copropiedad Inmobiliaria 21.442, que deroga la Ley N° 19.537, viene a actualizar muchos aspectos de esta vida en convivencia. Pero sabemos que los procesos de cambios no se articulan en papeles, y que el devenir de las relaciones humanas suele ir más rápido que el de las instituciones. En ese sentido, la convivencia armoniosa no se construye de manera aislada.
Si desde las instituciones queremos incorporarnos con rapidez a estos cambios, debemos transitar desde una consideración de clientes que adquieren una vivienda, a una de ciudadanas y ciudadanos, con todo lo que aquello implica en cuanto a su rol como sujetos activos en la generación y habitación de sus viviendas, la construcción de sus barrios y la apropiación sus ciudades.
Los programas y estrategias del Minvu, y muy especialmente desde nuestra Secretaría Ejecutiva de Condominios, deben estar alineados con las necesidades y expectativas de los copropietarios, incorporando aspectos constructivos y comunitarios, y considerando la eficacia y formalización de los condominios.
Nuestra unidad a cargo de condominios viene a atender esas tareas a través de las responsabilidades y funciones que nos asigna la ley. Pero parte importante de una real aplicación de una normativa, pasa por una contribución a su conocimiento. Desde ahí nos hemos planteado un diálogo permanente con las instituciones públicas, gremios de administradores y comunidades de copropietarios. El resquebrajamiento de las interacciones y redes de vecindad juegan en nuestra contra. La vida en común implica un reto para las relaciones humanas y para las nuevas formas de habitar, el cual es necesario responder con herramientas que soporten y promuevan la constitución de una sociedad comprometida con el diálogo.
La densificación de una vida en formato vertical no debiera hacernos desatender la necesidad de avanzar hacia una horizontalidad en la participación de los procesos que nos involucran. De lo contrario, nos arriesgamos a que nuestro débil tejido social no sea capaz de sostener los nuevos conflictos que, sin duda, vendrán. Surgirán nuevos desafíos para las dirigencias locales frente a estos problemas de convivencia y las formas de administración de los condominios. ¿Cómo daremos el ancho frente a las nuevas expectativas?
Fomentar una participación ciudadana activa y significativa es crucial para el éxito de estas políticas y programas. Debemos comprometernos con iniciativas de participación capaces de forjar vínculos permanentes con la ciudadanía, organizaciones sociales, organismos públicos y privados, con una perspectiva de colaboración y alianzas en torno a la copropiedad.
Incorporar la educación comunitaria en todos los niveles fortalecerá los vínculos sociales desde donde emergerán nuevos liderazgos con responsabilidad cívica. Una formación permanente de los dirigentes comunitarios juega un papel clave en la promoción de una cultura comunitaria saludable y proactiva.
Todos estos temas debieran ser parte de la malla curricular de nuestras escuelas para generar, desde la educación formal, las sensibilidades y responsabilidades que tiene compartir, convivir y habitar nuestros espacios de manera colectiva.
Podríamos considerar incluir una formación formal en los colegios y universidades sobre el uso cotidiano del espacio público hacia la construcción de una armonía habitacional. Cultura ciudadana, recuperación de las confianzas, fortalecer prácticas cotidianas para la formación de comunidades saludables, requieren de un avance en la educación comunitaria para fortalecer los vínculos sociales y promover una mayor responsabilidad cívica en nuestras relaciones con el Estado.
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