Urge frenar el delito de usurpación en Chile

Carmen Gloria Aravena

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Durante los últimos meses, los casos de usurpación de terrenos y viviendas han aumentado. Ante esta realidad, cabe preguntarse ¿Por qué no se moderniza una ley de más de 100 años? ¿No es de carácter urgente aumentar las penas para este delito?.

Pese a que existen distintas mociones para subsanar las deficiencias de la norma vigente, en la comisión de Seguridad del Senado no se ha logrado avanzar y contemplar penas privativas de libertad para este delito; tal y como ocurre en otros países de Latinoamérica, como Argentina, Perú o Panamá, donde las penas alcanzan hasta los 12 años de cárcel.

Lamentablemente, la usurpación es un fenómeno que se repite cada vez con mayor frecuencia en Chile. Sólo en la Macrozona Sur se registró un aumento de 688% durante el primer trimestre de este año, y en La Araucanía las tomas llegaron a un total de 129 durante el mismo período.

La ocupación ilegal de viviendas de un proyecto habitacional que estaba ad portas de ser entregado en San Pedro de La Paz causó indignación a nivel nacional, pues muchas de ellas no pudieron ser devueltas a sus dueños.

A esto se suman las tomas ilegales de terrenos que se han observado en distintas comunas del país, donde se ha dado lugar a loteos brujos, verdaderos proyectos que se venden irregularmente, lucrando y fortaleciendo a organizaciones criminales que amenazan a los vecinos.

Con la baja penalidad asociada, pues se contempla sólo una multa, no se desincentiva la ejecución del delito. Así, si la usurpación no es violenta la sanción oscila entre las 6 y 10 UTM, mientras que la usurpación violenta tiene una pena de 11 a 20 UTM (entre $550 mil y un millón de pesos).

El problema que surge al no contemplar una pena privativa de libertad, es que la situación de flagrancia para el desalojo inmediato tiene un plazo acotado de 12 horas, cuando la mayoría de las veces la perpetración es en circunstancias que no permiten advertir su ocurrencia.

Ante esta realidad, presenté un proyecto para modificar la legislación vigente y así proteger el derecho de los legítimos propietarios. Sin embargo, la moción fue fusionada con otra iniciativa similar para ser revisada por la comisión de Seguridad Pública del Senado y quedó en pausa cuando el presidente de dicha instancia renunció a su cargo y a la misma comisión.

Las cifras no mienten, es por eso que hemos sido insistentes en la urgencia de modificar las sanciones para el delito de usurpación. Pedimos a los senadores de la comisión de Seguridad que se considere la suma urgencia que el Ejecutivo le ha puesto a este proyecto y que de una vez por todas se sancione como corresponde este delito.