Hace algunas semanas, justo a pocos días de que el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación presentara la agenda "Mejor trabajo en investigación", que busca terminar con la precariedad laboral de las trabajadoras y los trabajadores de las ciencias y los conocimientos, se dio a conocer que Chile es el segundo país que más investigaciones científicas realiza en Latinoamérica, según el ranking Nature Research Leaders 2024, que clasifica a los países con mejor desempeño científico sobre la base de artículos de investigación publicados en un grupo de 145 revistas científicas de alta calidad. Así, nuestro país es parte de las 33 naciones con mayor producción científica en el mundo y el segundo de Latinoamérica, solo superado por Brasil.
Estos resultados son paradojales considerando la precariedad laboral que viven algunas investigadoras e investigadores, las brechas en materia de género y la baja inversión que existe para el área. Nuestro país solo destina cerca del 0,36% del Producto Interno Bruto (PIB) a investigación y desarrollo (siendo el país número 35 de la OCDE con menos inversión junto a México y Colombia), muy lejos del promedio de inversión de 2,72% de la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y también por debajo del 1% mínimo recomendado por organismos internacionales.
Desde las universidades, sobre todo las estatales, necesitamos acciones concretas para que iniciativas como las propuestas en la mencionada agenda se materialicen en políticas públicas, que vayan de la mano con el desarrollo en materia de educación. Como dato a tener en vista para obtener mejores resultados en investigación, además de tener un cuerpo académico altamente capacitado en producción de conocimiento, se necesita de capacidades institucionales que promuevan la investigación y el fomento de carreras académicas investigativas, como centros de investigación universitarios.
Esto además es relevante porque la inversión en investigación vinculada a la educación y disciplinas afines en Chile, según información proporcionada por Data Ciencia de ANID, se encuentra dentro de las áreas donde hay alta capacidad académica de producción de publicaciones, pero el monto del PIB invertido es bajo, lo que se traduce no solo en la precarización de la carrera académica investigativa, sino que también en una competitividad científica que no tiene soporte robusto de inversión basal, y se genera a costo del tiempo y recursos de las y los investigadores.
Lo anterior queda evidenciado en cifras: Si bien Chile es el segundo país con mayor cantidad de publicaciones científicas de América Latina, es también uno de los países con menor cantidad de personas investigando en I+D por cada 1.000 trabajadores/as (1 por mil), mientras que el promedio OCDE es de 9 por mil, y de las naciones líderes de 17 por mil, de acuerdo a datos de 2023 de la organización.
El conocimiento y producción científica que se genera en espacios de educación superior tiene como propósito su divulgación e impacto en el desarrollo del país, pero para ello es clave que el modelo de financiamiento sea abordado de manera más amplia desde el Estado, relevando la importancia de destinar recursos a la investigación, innovación y tecnología. Actualmente, la mayor parte del financiamiento de I+D proviene de las empresas privadas (41,4%) y en segundo lugar del Estado (38,2%). Por su parte las Instituciones de Educación Superior (IES) aportan con el 15,5% del financiamiento de la I+D, cuyo porcentaje también proviene del Estado. En este sentido, lo relevante es destacar que la empresa privada invierte más recursos en I+D que las IES.
Una mirada estratégica del financiamiento de la investigación permitirá enfrentar desafíos y problemáticas que viven las personas, pensando en el progreso sostenible de Chile. Desde las universidades estamos atentas a qué medidas y acciones se toman en esta materia, considerando que el conocimiento que desde nuestros espacios se genera, va en directo beneficio del progreso y desarrollo del país.
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