Bonos, presos políticos y el actor popular en el proceso constituyente

En estos días, varios temas en el debate público nos llevan a un actor común no suficientemente relevado, ponderado ni valorado. Por un lado, las discusiones sobre el segundo retiro del 10% de los fondos administrados por las AFP, con proyectos de la oposición y del gobierno; la proyección de un séptimo IFE (Ingreso familiar de emergencia) y de un bono “Covid-Navidad”. Todos con sus respectivos criterios y requisitos, destinados a los hogares más vulnerables o pobres del país: los “beneficiarios”, “receptores” y “necesitados” que esperan la “ayuda estatal”.

Por otro lado, la presencia cotidiana de movilizaciones sociales, crecientes en intensidad y distribuidas en distintos lugares de Santiago y regiones, con un componente protagónico popular, activo y no pasivo, demandante y cansado de las esperas largas e irritantes. La aprobación del segundo retiro del 10%, libertad a los presos políticos del estallido social, la renuncia del presidente Piñera y el aumento y rapidez de las prestaciones sociales para paliar la emergencia sanitaria y social, son algunas de las demandas que convergen en las protestas.

Las manifestaciones buscan acercarse al Palacio de Gobierno y se dan también en los territorios y en torno al Centro de Justicia, así como en los alrededores de los centros penales, en los que se encuentran recluidas personas detenidas durante la revuelta social iniciada el 18 de octubre de 2019 (232 según el gobierno, más de 2000 según organizaciones que promueven su liberación).

Muchas de ellas jóvenes, estudiantes y trabajadores, y la mayoría, pobres. Muchas víctimas de detenciones arbitrarias, abuso policial y violación a los derechos humanos, privadas de libertad sin haber sido condenadas y en condiciones denigrantes, incluso con prohibición de recibir visitas.

El actor común corresponde a los sectores populares, quienes ven día a día sus necesidades básicas insatisfechas y sus proyectos de vida truncados, viven en situación de pobreza o vulnerabilidad, que según estimaciones de CEPAL y el Banco Mundial, se incrementarán significativamente este año y la pandemia los ha golpeado más fuerte, tanto por la pérdida de ingresos que ha significado, como por las consecuencias sanitarias en términos de contagios y muertes.

También a los que la policía y la justicia han golpeado más duro. Triple castigo, la enfermedad, la falta de recursos, la represión.

Esto ocurre, además, en el marco de un proceso constituyente en curso, donde el rol de estos mismos sectores ha sido relevante, tanto en la calle como en las urnas de votación del plebiscito.

Las comunas con altas tasas de pobreza registraron altos niveles de votación el 25 de octubre. Tras ello, probablemente no esté la búsqueda de más bonos o, en lenguaje de algunos, “regalos”, sino más bien la de una vida digna y un pacto social que la haga posible para todos y todas.

Junto con esa votación excepcional, lo es, porque era este plebiscito y no otro, no comparable a una elección tradicional, hay diversas ollas comunes, colectivos y organizaciones comunitarias en la que las personas en los territorios están articulándose y participando.

Desde hace un tiempo ya que hay menos apatía y existe una mayor participación social y política, politizada, quizás no militante ni partidista, pero sí politizada, en los sectores populares.

Los sectores populares tienen mucho que decir en el proceso constituyente, primero, porque son los que han sufrido en carne propia las consecuencias de la actual Constitución y del modelo neoliberal con democracia incompleta - que en contexto de pandemia ha evidenciado una vez más sus limitaciones -, y segundo, porque son quienes han jugado un rol preponderante en las movilizaciones sociales que lo hicieron posible.

Probablemente, sus voces se harán escuchar más y más, ojalá aquellos que no quieren escuchar sean cada vez menos.

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