Cine, justicia y futuro

Fue a mediados de los 80 que cumpliendo tareas en Lima, Perú, relativas a la solidaridad internacional contra la dictadura de Pinochet y mientras esperaba una importante reunión, ingresé a un cine cercano a la plaza San Martín donde exhibían la cinta de Constantin Costa – Gavras “Missing”  protagonizada entre otros por Jack Lemmon y Sissy Spacek. Como sabemos, es la historia real del asesinato de los jóvenes norteamericanos Charles Horman y Franz Teruggi a manos de la dictadura en Chile en septiembre del 73.

Se trata de una obra conmovedora que seguimos con emoción, la que aumentó cuando finalizada la exhibición y se encendieron las  luces de aquella sala repleta, el público estremecido se puso de pié y aplaudió largo rato. Era la solidaridad con nuestra causa democrática. Salí, caminé por el bello centro limeño con sentimientos encontrados, el dolor y la ira por los crímenes que por esos años seguían cometiendo a diario los agentes del Estado chileno y la sensación grata y el calor humano que producía la reacción de un pueblo hermano que hacía suya nuestra causa.

Por eso ha resultado positivo enterarnos del fallo del 20 de julio recién pasado de la segunda sala de la Corte Suprema que en la causa 2182 – 98 condenara en definitiva a Rafael Agustín González y a Pedro Antonio Espinoza por ese cobarde asesinato perpetrado por oficiales del ejército chileno que, como en otros casos, siguieron fielmente las instrucciones del Grupo de Inteligencia Militar estadounidense, dirigida por un Comandante de la Misión Militar de los Estados Unidos en Chile.

Fue entre las 18:00 y las 19:00 horas del 17 de septiembre del 73 que oficiales de inteligencia dependientes del Departamento II del Estado Mayor de la Defensa Nacional interrogaron al detenido periodista norteamericano y guionista de la empresa estatal Chile Films, Charles Horman, en la oficina del Director de Inteligencia, Augusto Lutz Urzúa.

Esos oficiales cumplían con lo requerido por autoridades militares chilenas y norteamericanas dados los antecedentes que Horman poseía de la investigación del caso “Viaux – Schneider”. Al día siguiente, alrededor de las 13:35 horas los militares ingresan al Servicio Médico Legal los restos de un desconocido. Era Charles Edmund Horman Lazar y su muerte se había producido ese día, aproximadamente a las 09:45 horas.

El correspondiente certificado de defunción se emitió con fecha 4 de octubre de 1973, señalándose como causa precisa y necesaria de su muerte heridas múltiples a bala.

En cuanto al estudiante norteamericano Frank Randall Teruggi Bombatch, del Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, había llegado a Chile el 9 de enero de 1972 y se inscribió en los registros de residentes estadounidenses. Los aparatos de inteligencia de EEUU le tenían en la mira desde siempre por su postura crítica del intervencionismo del gobierno de su país en contra del gobierno constitucional de la Unidad Popular.

Para la CIA y para el Servicio de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional de los golpistas chilenos, ambos jóvenes eran “subversivos” y esos servicios habían seguido los pasos de ambos desde su ingreso al país.

El 20 de septiembre del mismo 73, personal de Carabineros de la dotación de la Escuela de Sub oficiales de carabineros, recibieron la orden militar de detener a Frank Randall Teruggi Bombatch y a su compatriota  David Hathaway, en la morada de éstos de calle Hernán Cortés N° 2.575, de la comuna de Ñuñoa.

Fueron trasladados hasta la Escuela de Suboficiales de carabineros, en la comuna de Ñuñoa y luego de sus  interrogatorios  conducidos al campo de detención del Estadio Nacional.  El viernes 21 de septiembre un oficial del ejército llamó a un grupo de detenidos, entre ellos a Frank Teruggi Bombatch, quien esa misma noche fue ejecutado tras lo cual sus cobardes asesinos abandonan su cuerpo en las calles de Santiago a fin de ocultar las causas reales de su muerte. Así actuaron todos esos años nuestros “valientes” soldados.   

Tras tantos años de impunidad desde entonces, es válido que alguien se pregunte ¿cómo fue posible que a tantos años del crimen se dicte sentencia en un proceso abierto para perseguir la responsabilidad de los asesinos de Horman y Teruggi? ¿Y porqué el número de rol de la causa es el mismo 2182 – 98 de los procesos del juez Juan Guzmán?

La respuesta  es que tal como sucedió con todos los juicios sobre derechos humanos hasta el día de hoy, las puertas se abrieron con la querella que, encabezados por Gladys Marín, un pequeño grupo de abogados presentamos en nombre del Partido Comunista el 12 de enero de 1998. Esa es la acción judicial a la que corresponde el número de Rol 2182 – 98 de la que se hizo cargo el juez Guzmán durante años.

Ese esfuerzo contó con el valioso concurso de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI  lo que hizo posible que pese a las dificultades y presiones de todo tipo se avanzara en los procesos y se abriera este tiempo, inédito hasta entonces, de acercamiento a la verdad y la justicia. El trabajo policial, en condiciones muy complejas del país por las presiones para entorpecer su trabajo, fue fundamental.

Al proceso de enero se sumaron muy pronto querellas por varios episodios de la “caravana de la muerte” con diversos abogados como Carmen Hertz, Hugo Gutiérrez, Hiram Villagra, Alfonso Insunza Bascuñán, que acaba de fallecer, y otros destacados juristas que apoyaron a la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, la AFDD. Cuando los procesos superaban ya el centenar de episodios, el Pleno de la Corte Suprema de 14 de octubre de 2002 decidió una nueva distribución de esas causas.

Al efecto, designó varios jueces especiales entre los que se dividió el conocimiento de las causas abiertas a fin de acelerar su tramitación. Esa es la explicación de porqué todos esos juicios llevaron el mismo número de rol del expediente original.  Años más tarde, sería la agrupación de familiares de ejecutados políticos, la AFEP, la que instó por el reinicio de procesos y por el ingreso de centenares de nuevas querellas.

No ha sido precisamente el Estado quien hizo posible los avances sino los familiares de las víctimas, sus organizaciones y las entidades y personas del círculo de los derechos humanos la que permite que hoy la situación en materia de justicia transicional sea la que es.

Dos comentarios finales. El primero se refiere a la resistencia  de que siguen dando cuenta determinados sectores para intentar disminuir el avance en materia de verdad y justicia. Buena prueba de ello es la ofensiva, o más bien el operativo comunicacional desplegado en los últimos días para intentar exculpar al general Juan Emilio del Sagrado Corazón de Jesús Cheyre de sus responsabilidades en el episodio  de La Serena de la “caravana de la muerte”.

Quien quiera que lea atentamente el expediente judicial y lo analice con estricto apego al texto del Código Penal, concluye que la  única duda posible es si la responsabilidad del ex Comandante en Jefe del ejército pudiera ser la de autor, cómplice o encubridor, pero en caso alguno se puede sostener su inocencia como han expresado  personas que no son precisamente del mundo de los derechos humanos.

Incluso más, en la hipótesis contraria, si fuera efectivo que no sabía lo que ocurría, que no es el caso, su conducta no fue precisamente la de oficiales como por ejemplo el coronel Jaña en Talca, a quien conocí en el exilio, o el coronel Cantuarias  y otros que tuvieron el valor de oponerse a los crímenes como  también lo hizo casi un centenar de oficiales y suboficiales de la FACH, al precio de ser torturados y sufrir prisión por años. Sobre este punto lo ha justificado excusando su silencio en aquellos momentos porque le importaba su “vocación profesional”.

Agreguemos también que lo que jamás podrá justificar es su silencio de tantos años que hubiera ahorrado mucho tiempo de dolor a los familiares de las víctimas.

El intento de justificar lo injustificable no es nuevo, tiene precedentes. La impunidad de tantos años no surge de la nada.

Y trae a la memoria sucesos como el seminario del Escorial en Madrid en 1996  acerca de "Las Fuerzas Armadas y la transición a la democracia: los casos de España y Chile”. Sus principales organizadores fueron el embajador  chileno Álvaro Briones y el entonces agregado militar  Juan Emilio Cheyre.

Tiempo después el embajador Briones publicaba un artículo llamado “No vindicar el pasado”, que llamaba a la “amnesia pública” respecto de la dictadura.

El segundo y último comentario es que más allá y por encima de lo que significa la sentencia de la Corte Suprema sobre el crimen de los jóvenes norteamericanos, es al mismo tiempo muy importante y oportuno pensar que el futuro democrático del país está indisolublemente vinculado al tipo y forma de institutos armados, militares y policiales,  de que disponga el Estado. Y a ese respecto, es fundamental recoger lo que escuchamos en  los diversos encuentros a que asistimos o de los que  leímos sus resultados en el proceso constituyente en curso.

Como lo percibimos reiteradamente, y no puede ser de otro modo a la luz de nuestra propia dolorosa historia, es imprescindible abordar un proceso de democratización de las fuerzas armadas, de abandono de doctrinas reaccionarias y añejas como la de la llamada “seguridad nacional” que estima al pueblo como su enemigo.

Es decir instituciones obedientes a la autoridad civil elegida soberamente  por la ciudadanía, sin discriminaciones en su propio interior e integradas al desarrollo del país en su conjunto, respetuosas de la sociedad civil y de sus organizaciones. Anhelos que deberán reflejarse, así esperamos, en lo que será una nueva Constitución para Chile.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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