Como superar la pobreza de nuestros pueblos originarios

Los datos de la CASEN 2015 constituyen una buena noticia, pero reflejan con claridad los problemas que enfrentamos y la enorme tarea que tenemos por delante. A nivel nacional, la pobreza por ingresos disminuyó desde un 14,4% a un 11,7% y en el sector rural, esta cifra pasó desde un 27,9% al 22,1 %. 

En la región de la Araucanía,  donde se concentra una alta proporción de la población indígena, particularmente en las zonas rurales, la cifra de pobreza continúa siendo la más alta del país (23,6%).  En forma complementaria, las cifras nacionales muestran también una brecha de más de siete puntos porcentuales en la pobreza entre indígenas y no indígenas. 

Estos antecedentes ilustran con claridad la brecha social y económica que separa a los pueblos indígenas del resto de la sociedad, lo cual tiene una expresión mayor en La Araucanía, donde se concentra el pueblo mapuche.

En la actualidad, el ministerio de Agricultura está implementando una serie de programas para enfrentar esta situación a nivel del sector rural. La principal herramienta la constituye el Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) de INDAP, que apoya a 47.000 familias de los pueblos originarios en todo el país.

A ello se suman otros programas de INDAP (créditos, riego, praderas, suelos) y el trabajo de la CNR, INIA, CONAF, SAG, FIA y de agencias de otros ministerios, tales como CORFO y SERCOTEC. Una mención aparte dice relación con el acceso de estos pueblos a la tierra y a las aguas, área que trabaja fundamentalmente CONADI. Por razones de espacio, sólo diremos que esta política pública es de la mayor importancia y debe ser mantenida y mejorada.

Las cifras indican que todos estos programas tienen impacto, pues de hecho se observa que la tasa de reducción de la pobreza es más rápida en el mundo rural que en el mundo urbano. Sin embargo, para avanzar en esta tarea es necesario hacer cinco rupturas fundamentales.

La primera pasa por entender que este universo de familias no constituye un problema puramente social, de lo que se ocupa el ministerio de Desarrollo Social (MIDESO), sino que estamos frente a una realidad en la cual 47 mil familias emprendedoras trabajan día a día para ganarse su sustento diario, en condiciones extremadamente difíciles: suelos erosionados, predios descapitalizados, aislamiento geográfico, falta de formación técnica, dificultades de acceso a la información y a los mercados.

Estas 47 mil explotaciones suman una enorme cantidad de hectáreas que, además de su importancia medioambiental, tienen un enorme potencial económico que el país tiene que aprovechar. Sólo a modo de referencia: considérese que una hectárea de frambuesa es capaz de generar una renta anual de 8 millones de pesos, esto es, casi dos veces el umbral de pobreza anual definido por la CASEN para una familia de 4 personas.

Otro tanto sucede con las hortalizas, muy extendidas en la agricultura familiar y, en menor medida, con otros rubros productivos que requieren de bajas superficies, tales como la apicultura, los productos procesados, la artesanía o el turismo rural.

La segunda ruptura implica entender que estas familias tienen su propia cultura y su propia cosmovisión, que las agencias del Estado (y la sociedad chilena) tienen que partir por conocer, aprender a respetar y luego potenciar. 

En el caso de INDAP, este cambio ya lo hemos iniciado. Después de un proceso de diálogo con casi 2.300 dirigentes y autoridades tradicionales de los nueve pueblos originarios del país, el programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) está siendo ajustado para que las comunidades y grupos tengan más poder decisión acerca de cómo se gestionan los recursos de inversión que entrega el Estado y también desde su operatoria, para que la modalidad de trabajo sea más pertinente desde el punto de vista cultural.

Otro tanto observamos en CORFO, que trabaja actualmente junto a CONADI e INDAP para poner a disposición nuevos programas de financiamiento, sintonizados con la mirada que es propia de estos emprendedores.

La tercera ruptura dice relación con los recursos.  En forma complementaria a lo que se invierte  en asesoría técnica, el PDTI moviliza un promedio de 270 mil pesos por usuario/año para realizar inversiones, lo que a todas luces no es suficiente para provocar un efectivo proceso de desarrollo económico local.

En las condiciones actuales de la caja fiscal, es necesario ser extremadamente creativos para enfrentar esta restricción. Una primera línea de acción es promover inversiones asociativas (maquinarias, salas de proceso, obras de riego…) que generen nuevas sinergias, superen las restricciones de escala y permitan abordar proyectos de mayor complejidad.

Otra línea de acción pasa por la concertación de programas públicos, focalizando recursos de diferentes instituciones sobre este universo de emprendedores. Un último camino dice relación con una inteligente focalización de estos programas, buscando siempre que aquellos productores que están más adelantados aporten un porcentaje mayor de co-financiamiento.

Para alcanzar resultados sustantivos en las próximas CASEN, necesitamos un “shock” de inversión. Para ello es necesario realizar una cuarta ruptura, abandonar el excesivo énfasis del gasto público en infraestructura que se observa en el nivel comunal, para reasignar esos recursos en fomento productivo. El mejoramiento del entorno es una condición necesaria pero no suficiente para impulsar el desarrollo.

Para estos emprendedores es urgente mejorar sus ingresos y está demostrado que es posible alcanzar ese objetivo cuando hay programas de fomento que movilizan un nivel adecuado de recursos y están bien ejecutados. Esperamos que este cambio de paradigma se vaya instalando progresivamente en los próximos años, en la medida en que muchas comunas rurales ya han resuelto una parte importante de sus necesidades básicas (caminos, escuelas, alcantarillado, electrificación, agua potable…), que hasta hace pocos años eran urgentes de abordar.

Superar la condición de pobreza en que viven nuestros Pueblos Originarios supone finalmente una quinta ruptura, que esta vez corresponde a la sociedad toda, es necesario que muchos otros actores se sumen a esta tarea.

Necesitamos medianas y grandes empresas que se involucren genuinamente en programas de RSE o de Valor Compartido, ejecutados con respeto, honestidad y convicción.

Necesitamos que las universidades y los organismos técnicos abran un espacio para estas familias en el ecosistema chileno de innovación.

Necesitamos consumidores urbanos que compren los productos y servicios que ofrecen estas familias indígenas rurales.

Necesitamos a más jóvenes y a más ONG haciendo programas de voluntariado en los territorios y en las comunidades.

Solo cuando entendamos que esta es una tarea nacional que nos involucra a todos tendremos encuestas CASEN que nos digan que finalmente Chile ha erradicado el flagelo de la pobreza y ha logrado un nuevo entendimiento con sus Pueblos Originarios.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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