Junto al Presidente de la República, otras autoridades y representantes de la comunidad, recientemente inauguramos el Centro de Reinserción Social Juvenil de Puerto Montt, con lo cual dimos cumplimiento a un compromiso asumido hace más de 15 años, luego de una tragedia que enlutó al país y que significó un llamado dramático a cambiar el trato con los adolescentes y jóvenes que son puestos bajo custodia del Estado.
Este el primer establecimiento nuevo que se pone a disposición del Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, que estamos implementando en todo el país en reemplazo del Servicio Nacional de Menores, que en enero próximo dejará de funcionar definitivamente con sus luces y sombras.
En febrero de este año, Chile fue notificado de una condena declarando la responsabilidad por la violación del derecho a la vida, integridad personal y de la niñez, en perjuicio de los 10 jóvenes que fallecieron como consecuencia del incendio ocurrido el 21 de octubre de 2007 en el Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado de Puerto Montt. También se declaró la responsabilidad por la violación de los derechos a una vida digna, integridad personal, de la niñez, al agua y al saneamiento en perjuicio de los jóvenes que a esa fecha se encontraban privados de libertad en centros de Limache, Graneros, San Bernardo y Puerto Montt.
Una de las medidas que el fallo ordena es que el Estado continúe adoptando medidas a fin de mejorar las condiciones de centros de privación de libertad de adolescentes. La inauguración de este centro en la capital de Los Lagos representa un importante paso en el cumplimiento de esta materia y en el compromiso del Estado de que estos hechos no se repitan. La infraestructura, que significó una inversión de sobre 9.850 millones de pesos y está destinado a la atención de 72 adolescentes y jóvenes, cuenta con 8 casas, escuela, gimnasio, talleres complementarios, talleres laborales, Unidad de salud física, unidad de salud mental (Plan Ambulatorio Intensivo de Senda) y edificio de coordinación técnica, además de espacios para el trabajo para funcionarios y funcionarias del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y de Gendarmería de Chile.
Se destaca el propósito de disminuir los efectos del encierro en los jóvenes gracias a los mayores espacios disponibles para el desarrollo de los distintos procesos de la rutina diaria; las posibilidades de actividades socioeducativas, deportivas y extra programáticas; la ejecución de cursos de capacitación y preparación para la inserción laboral, en espacios fijos, pensados y construidos para este fin. La infraestructura destinada a una escuela permitirá garantizar el acceso a la educación de los jóvenes, ya sea para completar estudios, reinsertarse en la educación o prepararse para seguir estudios superiores. Se garantizará un espacio adecuado para la realización de visitas, permitiendo reforzar el trabajo de fortalecimiento de la red familiar de apoyo de los jóvenes.
Tenemos entonces un centro modelo para la atención de los adolescentes y jóvenes que han estado en conflicto con la justicia, a los cuales les ofrecemos posibilidades reales reinserción social y de alejarse del mundo del delito, como son los propósitos con los que empieza a trabajar el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil. La instalación de este organismo de manera gradual como lo hemos estado haciendo ha significado un enorme trabajo no solo de los profesionales de nuestro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en particular de la División de Reinserción Social y de quienes están asumiendo sus tareas en el Servicio, sino que también del personal del Sename. Su disposición al cambio, a prepararse para la nueva etapa, a superar todo aquello que es necesario dejar atrás ha sido encomiable. De hecho, ello se refleja en el nuevo Centro, donde se cuidó hasta el más mínimo detalle, tanto para contar las instalaciones adecuadas como para preparar a los jóvenes que hoy lo habitan.
De esta forma, el cambio de paradigma que implica el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil y sus estándares exigentes en materia de atención y de protección de derechos ha significado también un cambio positivo para todos los que abogamos por la justicia y la dignidad de la persona humana.
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