El examen de Chile ante Naciones Unidas
El Examen Periódico Universal (EPU) es siempre una posibilidad de mirar lo que como Estado hemos hecho por avanzar en el campo de los derechos humanos. Delegaciones de gobierno y de sociedad civil se enfrentan en un diálogo constructivo en el seno del Consejo de Derechos Humanos, para evaluar lo acometido en periodos regulares de cuatro años y proyectar los cuatro años que vienen. Se trata del foro político de Estados más importante en materia de derechos humanos y un elemento importante en las relaciones internacionales.
Al gobierno de Chile correspondió presentar los avances de los últimos cuatro años por lo que el primer ejercicio que tuvo que hacer el gobierno fue asumir, como propios, los avances y problemas en derechos humanos del gobierno anterior a lo que se suman los avances y problemas en el último año del actual gobierno.
A modo de resumen se puede señalar que Chile fue felicitado por sus avances en materia de institucionalidad de derechos humanos y por la adopción del Plan Nacional en la materia. Las situaciones críticas se encuentran en el ámbito de la no discriminación y la violencia policial.
En efecto, los Estados, junto con felicitar dichos avances, hicieron recomendaciones respecto de situaciones que vieron cómo críticas.
En primer lugar, la relación del Estado con los pueblos indígenas y particularmente con el pueblo mapuche, se le representó a Chile en más de 40 intervenciones tanto en relación con la aplicación de la Ley Antiterrorista y criminalización de sus representantes, como respecto de sus derechos a participación y a su reconocimiento constitucional.
Respecto de los derechos de las mujeres, se recomendó al Estado hacer los esfuerzos necesarios para que las mujeres puedan acceder a las instancias de representación a nivel regional y local, a avanzar hacia la despenalización absoluta del aborto y a limitar la objeción de conciencia a personas naturales.
La inmigración fue otro de los focos de recomendaciones y el llamado fue a su protección y reconocimiento de derechos, previniendo la xenofobia e incluso los brotes de racismo, en el marco de respeto y garantía de sus derechos humanos, cuestión que el actual proyecto en discusión no cumple.
La situación de niños y niñas en el país también llamó a la preocupación de los Estados los que sugirieron redoblar los esfuerzos para contar con un sistema de protección integral de los derechos de la niñez.
Las denuncias sobre abusos policiales en el uso de la fuerza venían siendo denunciados ya en el EPU anterior, pero adquirieron una relevancia mayor en el seno de Naciones Unidas con el asesinato de Camilo Catrillanca.
Los Estados recomendaron hacer esfuerzos urgentes por terminar con este tipo de situaciones que en casos han derivado en tortura, malos tratos e incluso la muerte. Todas cuestiones sabidas, y representadas por las organizaciones sociales y de derechos humanos a los gobiernos, que debieran abordarse desde un marco de derechos humanos tratando de dejar fuera los cálculos y oportunismos políticos.
Como nunca antes, organizaciones a lo largo del país se movilizaron para hacer llegar sus informes a quienes debían evaluar el desempeño de Chile en derechos humanos.
Si el 2013 eran dos las organizaciones, este 2019 fueron 62 dando cuenta del creciente interés por participar y capacidad técnica de las mismas en sus presentaciones.
Se esperaba que el Gobierno diera al EPU la misma relevancia, sin embargo y a pesar de la presencia de la Subsecretaria de Derechos Humanos, en la delegación no participó ningún ministro, como ha sido la tónica en todos los exámenes y gobiernos anteriores.
Se trata de gestos que en el campo internacional tienen un peso más allá del récord del país.
Así mismo se extrañó la ausencia de un representante de la Cámara de Diputados y parece que el poder legislativo no sabe que tiene obligaciones en materia de derechos humanos las que derivan de los Tratados que el organismo ratifica.
La participación del Senador Alejandro Navarro y del ministro de la Corte Suprema fueron relevantes para darle a la delegación un status de Estado que esperamos empiece a consolidarse a futuro.
En efecto, las comisiones de derechos humanos, tanto de la Cámara como del Senado que, hasta ahora, inexplicablemente se han restado, debieran empezar a monitorear lo que presenta el poder Ejecutivo, en representación también del parlamento en las instancias internacionales, muchas veces incluso responsabilizándolos de la falta de avances en materia legislativa.
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