La escenografía de la protección

Murió una niña en un recinto de protección del Servicio Nacional de Menores (SENAME). Otra más.

Cada cierto tiempo como si fuese ya un ritual nacional, la prensa nos “sorprende” con estas noticias y reportajes. Salen los especialistas (entre los que me cuento) dando a conocer sus recomendaciones, los políticos haciendo declaraciones de tremendos compromisos, autoridades que presentan sus renuncias o son removidas, comisiones de investigación y demases, y las familias, como entes fantasmales, traídos de allá para acá, culpabilizados las más de las veces, caricaturizadas, algunas ponen querellas acompañados de unos abogados muy enojados de los que nunca volvemos a saber.

Y de nuevo una tensa calma se vuelve a instalar. La desaparición del tema en los medios. La escenografía que se levanta otra vez.

Chile tiene muy bien montada una escenografía que aparece como si pudiera proteger a los niños y las niñas. Pero no es más que eso. Un escenario, la teatralidad de la política social.

Y uno lo habla una y otra vez detrás de bambalinas con los que son los actores de esta política. Los profesionales y funcionarios que ahí trabajan. Sueldos de miseria, recién egresados que están un par de años en el sistema esperando encontrar un trabajo mejor, funcionarios dañados con licencias psiquiátricas por estrés, falta de capacitación, redes que  no tienen ni puerta de entrada ni salida, jueces que toman decisiones con sus propios criterios morales, abogados que no escuchan a los niños y que todo lo hacen a través de informes elaborados por terceros

¿Se ha detenido la autoridad política a escucharlos? ¿Una escucha verdadera que implique el compromiso de la acción tras esa escucha? No. No hay para qué, porque basta con que parezca que funcione.

El pasado 21 de mayo del 2016 la presidenta anunció la creación de un “Servicio nacional de protección de menores” tal cual. Desde el año 1990 en que Chile firma la convención de derechos del niño que vengo escuchando en repetidas ocasiones que había que dejar de hablar de menores, porque era necesario ver a los niños como sujetos de derechos y que el término “menor” cosificaba y los ubicaba como objetos de protección, como cosas sin opinión.

Esto pasó a ser casi como un mantra. Todos repetían lo absurdo de tener un Servicio Nacional de “Menores” que al menos había que cambiarle el nombre. Y claro, año 2016, lo que se nos ofrece es eso: Un servicio “nacional” de protección de “menores”. No faltará el que dirá que fue un error del momento y que en realidad se refería a la creación de un servicio nacional de la infancia. Yo lo que observo en ese lapsus, es que por un segundo un pedazo de la escenografía se cayó evidenciando los 26 años de política de protección de menores que tenemos y donde ahora se nos ofrece otro poco más.

Porque francamente no ha habido voluntad política de cambio. El Consejo nacional de la infancia, instancia creada en este gobierno, ha avanzado, claro está, en la presentación de proyectos de ley y en el lanzamiento de una política 2015 – 2025. Pero esas no son si no solo palabras al viento si no hay presupuestos fuertes y cambio en las gestiones de servicios que como el SENAME, viven en una crisis permanente. ¿Cómo podemos discutir siquiera estos proyectos si no cambiamos la lógica de un servicio que es el principal vulnerador de estos derechos?

Tenemos una institucionalidad tipo frankestein de trabajo con los niños. Educación dice una cosa, salud dice otra, y justicia anda por un lado radicalmente distinto. Entre medio tenemos programas “intersectoriales” como el sistema Chile Crece Contigo, que pareciera que solo funciona para los niños  que tienen redes de acompañamiento y no para los “menores” que son los niños pobres, solos y vulnerados en sus derechos una y otra vez.

Es tal la paradoja del sistema que uno puede ver manuales elaborados por el propio SENAME para padres extranjeros que adoptan en Chile, donde se les advierte las características que tienen los niños a adoptar (mayores de 4 años en su mayoría) producto de la institucionalización de la que fueron victimas (mucho tiempo en hogares y residencias) cuando es el propio SENAME el que elabora las normas técnicas y supervisa las instituciones que están a cargo de esos niños.

En medio de todo esto por supuesto que hay gente que hace su pega. Por supuesto que  hay gente que logra hacer muchas cosas, a costa de su vida personal, a costa de no decir, de aparentar para que los dejen hacer tranquilos. Con el costo de actuar doblemente, de disfrazar sus propias prácticas transformadoras para que “cuajen” con la escenografía.

Porque si no lo hacen son expulsados del sistema. Yo misma lideré una campaña para no cerrar más de 40 proyectos de prevención comunitaria que el propio SENAME financiaba. Más de 100 académicos firmamos una carta donde validábamos esta forma de trabajo. SENAME los cerró igual.

Hablemos con la verdad entonces, dejemos de contarnos cuentos entre nosotros, es urgente la reorganización del sistema, pero escuchando a quienes ahí están. No puede ser que repitamos el desastre de la implementación de la Ley de responsabilidad penal adolescente que cayó encima de instituciones, profesionales y funcionarios que no estaban ni cercanamente informados ni menos preparados para ello.

Temo profundamente que salgan leyes pensadas para países que no existen.

Es necesario asumir costos políticos, es necesario pelearse con quien haya que hacerlo. Basta de mentirnos.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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