Menos gritos, más política pública
No es el que grita más fuerte, el que amenaza más, el que viene del cielo con recetas mágicas o el que lleva más gente a la calle quien ofrecerá las mejores soluciones a los graves y urgentes problemas que enfrentan niños y niñas que atienden los distintos centros del Servicio Nacional de Menores.
La verdad, es que en este minuto se requiere de la mayor generosidad, inteligencia y responsabilidad para generar las condiciones de una mejor gestión en un organismo tan relevante como el encargado de velar por los derechos de los menores que han sido vulnerados.
Como sociedad chilena tenemos una tremenda deuda al no poner atención a la respuesta del Estado ante niñas y niños que han sufrido maltrato, extrema pobreza, o que producto de aquello cometen actos delictuales. Qué tremenda agravante cometemos como “clase política” al darnos el lujo de dar un espectáculo político con gritos, insultos y amenazas cruzadas, lo que supuestamente ayuda a superar la situación.
La interpelación, pese a ser una prerrogativa Constitucional, ha ido perdiendo sentido desde el minuto en que se usa como herramienta para ganar puntos políticos. Esta cortina de humo no puede hacernos perder el foco del debate y la urgencia en las necesidades de los niños que merecen y necesitan soluciones ahora.
La realidad es demasiado cruda como para adoptar otra postura; de acuerdo a cifras del propio organismo, los niños y adolescentes que han sido ingresados a la justicia juvenil, lo han hecho por temas relacionados con delitos a la propiedad, como robos, receptación, hurtos, daños a personas y por abusos sexuales.
Es decir, mientras los partidos nos esforzamos por intentar ganar la batalla mediática en torno a la interpelación de la ministra de Justicia, los derechos más esenciales de nuestros niños y niñas están siendo violados día a día. Necesitamos una agenda urgente para darle nuevas herramientas de gestión al Estado para corregir estos ahora mismo.
Pero esto requiere una enorme dosis de generosidad y un abandono del oportunismo. Centrar este asunto en una acusación constitucional en vez de la corrección de las medidas que el Estado debe impulsar para mejorar de manera radical el sistema de protección a la infancia, es sencillamente no entender lo que necesitan esos niños y niñas. Es un egoísmo inaudito.
Sin duda que el gobierno debe poner de lo suyo, estamos esperando esas propuestas urgentes e inmediatas de parte de los equipos técnicos, de las nuevas autoridades del Sename para que -a su vez- el Congreso pueda tramitar con la mayor celeridad los cambios que sean necesarios.
Más que entrar en el debate cruzado, debe justificar su actuar justamente liderando, mostrando el camino y generando políticas públicas de alta calidad, con eficiencia y probada eficacia. Esa es la única manera de acallar el ruido ambiente, porque de lo contrario, seguiremos en medio de griteríos, sin solución real a esta lamentable crisis que se viene acumulando por décadas.
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