Negacionismo y libertad de expresión

Ricardo Brodsky

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Se discute en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que penaliza  el negacionismo. Como se sabe, el negacionismo consiste en la negación sistemática de hechos  históricos relacionados con violaciones a los derechos humanos con el propósito de proteger a los autores, cómplices o herederos políticos de dichos hechos.

Los más conocidos son la negación del holocausto y del genocidio armenio, pero también se aplica a las violaciones de los derechos humanos en América Latina, en donde a través de intrincadas tesis políticas y falsificaciones históricas se busca contextualizar acciones criminales de manera que parezcan inevitables o al menos excusables.

Algunos países en la década del ’90, como Francia, Alemania, Bélgica, Austria, República Checa, Eslovaquia, Lituania, Polonia, Sudáfrica, Holanda, legislaron considerando  el negacionismo como un delito y establecieron penas de cárcel para quienes lo practican.

En otros países, como en  España, el Tribunal Constitucional en 2007 consideró que castigar la difusión de ideas o doctrinas que nieguen el genocidio vulnera el derecho a la libre expresión, pero mantiene las sanciones contra quienes justifiquen el genocidio. Estados Unidos, ha optado por privilegiar el derecho a la libertad de expresión considerando que no se puede establecer una censura previa ni sancionar opiniones como delitos.

Resulta sin duda indigesto escuchar los discursos que todavía buscan negar o justificar las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. La justa indignación de las víctimas, se extiende más allá de quienes enarbolan los símbolos pinochetistas para abarcar al conjunto de la sociedad (políticos, medios de comunicación, instituciones) que a su juicio permiten y hasta protegen esa falsificación y esa negación histórica.

Para las víctimas, la tolerancia al negacionismo es sinónimo de ausencia de memoria, de olvido de su sacrificio, de banalización de su dolor. Ello abre el camino a la violencia, como lo hemos visto.

¿Qué valor entonces es el que debe privilegiar la sociedad chilena? ¿La libertad de expresión o la memoria de las víctimas? ¿Es conveniente para el país y para las víctimas de violaciones a los derechos humanos que los negacionistas se victimicen a su vez por la supuesta amenaza o ausencia de libertad para expresarse?

Para responder, lo primero  que  se debe  constatar es la irrelevancia política del pinochetismo en la actualidad, ni siquiera los ex colaboradores del gobierno militar quieren ser asociados a la imagen del dictador  y su herencia de corrupción y violencia.

Pareciera entonces que la respuesta a ese dilema está, más que en la censura, en perseverar en la construcción de una memoria social, es decir, en que la sociedad en su conjunto asuma, a partir de la memoria de las víctimas, un relato que parta por aceptar la verdad de los hechos relatados en los Informes Rettig y Valech, que establezca su juicio condenatorio sobre las violaciones de los derechos humanos, que asuma la necesidad de hacer justicia condenando a los victimarios y reparando a las víctimas.

Más que negar el derecho a expresarse de los pocos pinochetistas que van quedando, pareciera que la mejor respuesta sería que los hombres y mujeres públicos, que los medios de comunicación, que el sistema educacional hagan suyos  la verdad de las violaciones a los derechos humanos y los valores asociados a los derechos humanos y el  Nunca Más.