Palabras inaceptables. Información oficial, mañosa

Adriana Muñoz

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La discusión de un proyecto de ley de reparación a víctimas de prisión política y tortura, que dejó presentado la Presidenta Michelle Bachelet, ha generado una aguda polémica. Se inició con las destempladas y lamentables opiniones de un diputado de la UDI, que calificó de terroristas a quienes recibirían el aporte.

Ello es inaceptable y grave. No es posible que se califique de terroristas a quienes fueron precisamente víctimas de actos deleznables de terrorismo de Estado, que a muchos les costaron incluso la vida.

Son declaraciones que van más allá de la libertad de expresión y que resultan calumniosas, además de ser de una gran bajeza y falta de humanidad, lo que motivó el repudio de buena parte del espectro político. En muchos países, la negación de hechos acreditados es un delito en sí, pues resulta una ofensa a la memoria de las víctimas y sus deudos.

A lo anterior, se agregó el retiro, por parte del Presidente Sebastián Piñera, de la iniciativa legal en trámite, que incluso había sido votada en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja. En ese sentido, además, comenzaron a darse explicaciones administrativas y financieras erróneas.

Primero, se afirmó que no había imputación presupuestaria, vale decir que los recursos no estaban consignados en glosa alguna del erario nacional. Evidentemente, ello no puede ocurrir. Sólo las leyes aprobadas se imputan de esa forma. Los textos que se despachan con posterioridad se financian desde el Tesoro Público.

Segundo, se sostuvo que su costo fiscal era excesivo, comparándose con el valor del aumento de subvenciones del SENAME y de la gratuidad. Ello es una tergiversación mañosa. Se compara un gasto por una sola vez, que se pagaría en tres años, con otros que se aplicarán permanentemente hacia el futuro.

Lo sucedido pone en serio entredicho la real voluntad de diálogo del actual Gobierno. No es posible aparecer un día manifestando disposición a llegar a acuerdos y, al día siguiente, retirar un proyecto tan sentido y en una materia tan sensible como ésta.

En general, las reparaciones obtenidas por los afectados y familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos en nuestro país, han sido más bien modestas. Se trata de personas que perdieron a sus seres queridos o que sufrieron vejámenes atroces, con graves consecuencias físicas y psicológicas.

En tal caso, la reparación no es un beneficio, ni una concesión graciosa. No es un premio ni un regalo. Es un acto de justicia, un deber que emana del hecho que muchos agresores eran agentes del mismo Estado. Precisamente, nos encontramos conmemorando dos años de la muerte de Patricio Aylwin, durante cuyo mandato pidió perdón, a nombre del Estado de Chile, a las víctimas de estos hechos.

Esperamos que el gobierno revierta este desafortunado incidente. Pero más allá, creemos necesario seguir avanzando para esclarecer los casos aún pendientes y para que los derechos humanos sean cada día más parte de la formación ciudadana y un mínimo común indispensable para nuestra convivencia nacional.