Patas arriba, derechos humanos bajo ataque

Verónica Del Pozo

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Parece el mundo al revés. Defensores y defensoras de derechos humanos cuestionados por los medios de comunicación, y por la elite económica que los maneja. ¿La acusación? Las denuncias que hacen organismos como el INDH sobre abuso policial y tortura parecen inhibir a Carabineros de hacer su trabajo durante las manifestaciones. No sólo eso, sino que también los acusan de colaborar con las personas que cometen actos de violencia en esas oportunidades.

Es a la vez frustrante, triste y preocupante encontrarse con este escenario. Lo que necesitamos en Chile es fortalecer una cultura respetuosa de derechos humanos, no torpedearla cuestionando a quienes trabajan por construirla.

Necesitamos una ciudadanía que se reconozca a sí misma como titular de derechos y que reconozca sus deberes para con la comunidad, como el deber de respetar los derechos de los demás y el de manifestarse pacíficamente, de manera que no se vuelvan a producir hechos tan graves como los que nos conmocionaron últimamente. Al mismo tiempo, necesitamos que los y las agentes del Estado –funcionarios públicos, policías, jueces, entre otros- trabajen teniendo en cuenta el especial deber que tienen de resguardar la dignidad humana en todo momento y circunstancia.

Quizás usted está pensando que los y las observadoras de derechos humanos en las manifestaciones defienden a quienes se manifiestan violentamente, en contradicción con la construcción de la cultura respetuosa de derechos que proponemos. Nada más lejos de aquello.

Sobre este punto es necesario hacer una aclaración tan básica como necesaria: quienes trabajamos por el respeto y promoción de los derechos humanos jamás avalamos la violencia como forma de manifestación o reivindicación de derechos. Lo que ocurre, es que para prevenir y castigar los actos de violencia cometidos por las personas existen las policías y los tribunales que aplican sanciones penales. Esa es la pega de ellos.

La de los y las observadoras de derechos humanos es otra y consiste en velar porque los agentes de la policía, en su labor de control del orden público durante las manifestaciones, respeten los derechos de las personas. Incluso los derechos de las personas que cometieron actos violentos, los que por cierto deben ser sancionados, pero que no pierden su condición de personas ni de sujetos titulares de derechos.

Es de esperar que, en una democracia respetuosa de los derechos de las personas, el gobierno, los empresarios y los medios de comunicación comprendieran estas nociones tan básicas.

Pues bien, en Chile hemos visto cómo el ministro del Interior avala el comportamiento de carabineros a todo evento, cómo una parte de la elite económica empresarial paga insertos en El Mercurio para desprestigiar la labor del INDH y cómo los medios de comunicación masiva se ponen al servicio de dicha campaña de desprestigio en lugar de poner una mirada crítica sobre ella.

Es más, hemos visto cómo la propia Presidenta declara que quizás las policías se inhiben de hacer su trabajo por temor a las denuncias de observadores de derechos humanos o, incluso, por lo ocurrido hace un año atrás con Rodrigo Avilés, quien quedó en coma por el actuar policial.

Como si las propias víctimas de actos de violencia policial fueran las responsables de inhibir a Carabineros de realizar de manera eficiente su trabajo cumpliendo, al mismo tiempo, con los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados de derechos humanos suscritos por nuestro país.

Al parecer queda mucho por avanzar para dejar atrás las prácticas y discursos propios de la dictadura cívico-militar. Llevo varios años trabajando en materia de Educación en Derechos Humanos, materia tristemente ausente en la enseñanza escolar y en la formación de profesionales.

Profesores/as, abogados/as, médicos/as y comunicadores/as casi no tienen formación en materia de derechos humanos. Increíblemente, tampoco jueces/juezas y funcionarios/as públicos/as. En ese contexto, no son de extrañar las declaraciones de nuestras autoridades.

Sin embargo, lejos de caer en la desesperanza inmovilizadora, quienes creemos en los derechos y la dignidad de las personas debemos seguir trabajando para que los funcionarios públicos cumplan con el respeto irrestricto de los derechos humanos y las autoridades sean coherentes con los compromisos que en estas materias adoptamos con la comunidad internacional.

También tenemos que procurar que la ciudadanía se apropie del discurso de los derechos humanos y lo viva cotidianamente. Debemos mantener la esperanza recordando que no estamos solas/os, sino que somos muchos/as.

Encontremos la fuerza en el sentido de colectividad de esta noble misión, porque, en palabras de Roque Dalton, “mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje y el pan, la poesía de todos”.