Siempre hay responsabilidad política en la violación de Derechos Humanos

Maya Fernández Allende

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“En Chile se están violando los derechos humanos.” Esta dura frase vuelve a instalarse como un problema de nuestro sistema democrático, interpelando lo civilizado de nuestra convivencia social. Se instala a propósito de una crisis social y política producida por una masiva movilización ciudadana que demanda transformaciones al orden social existente basado en una lógica neoliberal.

La violación de DDHH está relacionada con la manera de enfrentar las movilizaciones que tiene el gobierno y los agentes del Estado. Cuando el gobierno del presidente Piñera criminaliza la protesta social y posteriormente declara que se está en una guerra, es difícil que no ocurran hechos lamentables como de los que se ha enterado todo el país. 

Las denuncias de abusos, muertes, torturas, detenciones arbitrarias y agresiones sexuales, han desconcertado a todo Chile. Hemos seguido con atención los reportes del Instituto Nacional de Derechos Humanos; a la magnitud de muertes y heridos, se suma la cantidad de personas que ha tenido pérdida de visión producto de los impactos de balines y perdigones lanzados a pleno rostro.

Enfrentar una crisis de estas características, que tiene un carácter social y político tan complejo, centrando casi exclusivamente la discusión en la seguridad pública como lo ha hecho el gobierno y la derecha, ha sido un grave error.

Lo desastroso, es que esta miopía permite diluir las responsabilidades políticas frente a la vulneración sistemática de los derechos fundamentales.

Después de criminalizar la protesta y declarar la guerra, instalan la idea que la seguridad pública prima por sobre otros bienes públicos, ahí los DDHH pierden la fuerza que deben tener en nuestra sociedad. Estos no pueden ser instalados en contraposición a la seguridad pública sino como su fundamento. Los derechos humanos sólo pueden ser respetados en un Estado de Derecho, y el orden público debe ser fundado en éste. 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos suscrita por Chile, se responsabiliza a los Estados “asegurar el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales” de las personas.

Cabe la pregunta ¿el gobierno ha sido diligente para asegurar el respeto y protección de estos derechos? Claramente no, ni siquiera han sido claros en condenar su vulneración en estos días de crisis.

En su artículo 5 dice que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.” ¿Podemos decir que estamos libres de apremios ilegítimos por parte de agentes del Estado?

Artículo 9, “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”, ¿Estamos en condiciones de asegurar que todas las detenciones han sido justificadas?

El respeto a los derechos humanos es una condición fundamental para una convivencia civilizada.

Con tristeza y preocupación he observado la relativización por parte de la derecha de este principio, que lo observa como una bandera que la izquierda utiliza para obtener ventajas y atacar al gobierno.

Por eso desvirtúan la noción de violación de DDHH, haciéndolo equivalente en gravedad a la destrucción de la infraestructura. Todos condenamos el vandalismo y el daño que realizan grupos violentos, que al gobierno y a la derecha no le quepa duda de ello. Pero esto nada tiene que ver con el problema político que conlleva que los DDHH sean violentados y de cómo esto afecta nuestra convivencia democrática. 

Cuando agentes del Estado ejercen una violencia que en nada sirve para realizar su cometido de mantener el orden público, como lo es cuando se reprime a personas que se están manifestando de manera pacífica, surge la pregunta respecto a la finalidad de esa violencia. ¿Qué sentido puede tener sino es acallar el derecho de manifestarse?

¿El gobierno podrá explicar en qué ayuda al orden público maltratar a los detenidos en una comisaría?

¿Sirve a la seguridad de la ciudadanía reprimir una manifestación pacífica dejando heridos?

Apoyo que se asegure el orden público, pero uno que nos permita a todos protestar por lo que creemos justo. Que se mantenga el orden público pero no a costa de la represión de manifestaciones pacíficas.

Al momento de escribir estas líneas, existen una serie de denuncias de violaciones de DDHH cometidas por agentes del Estado que no pueden ser obviadas.

Con estas prácticas lo único que logran es atentar más contra el orden público que dicen proteger, se instala la desconfianza de la ciudadanía sobre aquellos llamados a hacer respetar el Estado de derecho, profundizando el deterioro de su legitimidad. Así, lo único que queda es el uso de la fuerza, y terminamos en la situación que instaló el presidente Piñera, un mundo de enemigos y guerra.

Me resisto a esta situación, por eso es importante la acusación en contra del ex ministro Chadwick, porque siempre hay responsabilidad política en las violaciones de DDHH.

La democracia necesita fuerzas policiales legitimadas para otorgar seguridad a la población. Con la forma de conducir la crisis el gobierno ha socavado esa legitimidad.