Violaciones a los Derechos Humanos en el Gobierno de Gabriel Boric y un llamado a la reflexión

Fernando Astudillo Becerra

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Algo sucede con Chile y su gente, que se institucionalizan discursos de odios y de negacionismos. Pareciera ser que la habilidad y la fuerza de los medios que domina la derecha política, económica y cultural, ha instaurado la idea de que la revuelta social de octubre de 2019 fue una acción de vándalos y de violencia de los sectores populares (negando que la principal violencia por una parte es la institucionalizada y por otra la represiva del estado), y justificando que lo único que quedaba era ejercer el monopolio de la violencia, que en ello violaciones a los derechos humanos no hubo.

Que horror negar, en forma tan cruel, pese a tantas evidencias seriamente documentadas, la historia reciente.

Qué pasa con Chile y los/las chilenos/as, qué pasa que una gran mayoría parece haber perdido el sentido de humanidad, qué pasa con un gobierno teóricamente progresista, que mira la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio.

Pasa, que hemos sido, momentáneamente, derrotados en nuestras ideas, en la batalla de ellas, en la medida que los principios imperantes expresan, en la cotidianeidad de la vida, de una amplia mayoría de chilenos/as, esa crisis moral que pone en primer lugar, sin importar la justicia: el individualismo y el consumo. Ideas y formas de vida que arrasan con valores que creímos, muy equivocadamente, eran parte de nuestra idiosincrasia, como son: la solidaridad, el nosotros, el compromiso por la defensa y respeto por los derechos humanos.

Tan graves atentados a la vida, volvieron de golpe a ponerse en el centro de la vida social y política, con la revuelta social y con las trágicas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de parte del Estado, esta vez con el beneplácito y las órdenes del presidente Sebastián Piñera. Parece ser que las instituciones del Estado nuevamente fallan en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Desde que Gabriel Boric asumió la Presidencia de Chile, se generó una expectativa sobre su compromiso con los derechos humanos y la justicia social. Sin embargo, a medida que avanzaron los años de su gobierno, la realidad sobre el respeto de estos no mejora, es una problemática que parece persistir, a pesar de las promesas de cambio.

No podemos olvidar que en el primer debate presidencial anunció:

"Señor Piñera, está avisado, se le va a perseguir por las graves violaciones a los DD.HH. cometidas bajo su mandato" Desde su campaña, enfatizó la importancia de estos, prometiendo una administración que no solo respetara, sino que promoviera estos principios. Sin embargo, la realidad ha demostrado ser otra.

Son ya múltiples los informes que ilustran la magnitud de las violaciones a los derechos humanos en Chile en los últimos años, especialmente durante las protestas. Algunos ejemplos relevantes:

Se registraron miles de lesiones en manifestantes desde el estallido social de 2019; 427 personas sufrieron lesiones oculares; se documentaron miles de detenciones, el Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) reportó más de 10.000 detenciones desde el inicio de las manifestaciones en octubre de 2019; recibió miles de denuncias relacionadas casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes; se reportaron más de 100 denuncias de violencia sexual de parte de Carabineros.

Estos datos subrayan la gravedad de la situación de los derechos humanos en Chile y destacan la necesidad de medidas efectivas para abordar y corregir estas violaciones.

Sin embargo, el estado, frente a estos hechos, responde con la violación del derecho internacional al denegar la justicia, faltar a la verdad y a una efectiva reparación y no garantizar la no repetición. Esto se expresa en que el Ministerio Público según datos actualizados al 28 de enero de 2025, indica que originalmente se abrieron 8.581 causas por violaciones de derechos humanos ocurridas durante la revuelta social, de ellas, 2.013 fueron reagrupadas con otros procesos. En total quedaron activas 6.568, pero el 46% de ellas, 3.050 causas, ya fueron cerradas sin formalizaciones y en su mayoría prácticamente sin avances. Así la Fiscalía decidió archivar provisionalmente, no perseverar o no iniciar la investigación de estas 3.050 causas (información obtenida por CIPER).

El informe indica que solo una se cerró con sentencia condenatoria.

En palabras de Claudio Nash: "ha habido una total omisión por parte del Gobierno respecto de los crímenes ocurridos durante el Gobierno de Sebastián Piñera. Más aún, se protegió permanentemente al ex Director General de Carabineros para que no se presentara ante la justicia, eso lo hizo este gobierno, no el de Piñera. El compromiso con la impunidad de este gobierno ha sido firme, no por la justicia, sino que por la impunidad y eso duele decirlo".

Adicionalmente no podemos dejar de hacer mención a la desaparición de Julia Chuñil, una de las forma más crueles de violación de DDHH es la desaparición de personas y el Ministerio Público nuevamente parece no dar el ancho, ya que, entre otras acciones, solo un mes después de que los familiares de Julia Chuñil presentaron una querella por la desaparición de la defensora medioambiental mapuche, el Ministerio Público anunció que utilizará el Protocolo de Protección a las Personas Defensoras de DDHH. Este protocolo tiene su origen en la adhesión al Acuerdo de Escazú, ratificado en 2022.

El Estado que no garantiza la seguridad de las personas viola los derechos humanos.

Es crucial que el gobierno del presidente Boric asuma que la impunidad no puede ser una opción. Es fundamental establecer mecanismos de rendición de cuentas que garanticen que quienes cometan violaciones a los derechos humanos sean llevados ante la justicia y reciban un justo castigo.

El camino hacia una verdadera democracia es el respeto por los derechos humanos en un proceso continuo. Boric tiene la oportunidad de demostrar que su gobierno se distingue por su compromiso con estos valores. No se trata solo de hacer promesas, sino de actuar de manera coherente con ellas. La historia juzgará si su administración fue capaz de sanar las heridas del pasado y construir un futuro donde los derechos humanos sean una realidad para todos/as, hasta ahora parece claramente estar al debe.