40 horas semanales para impulsar la reactivación

Es necesario reiniciar en el Senado la discusión técnica y política del proyecto de ley que establece 40 horas de trabajo semanales. Esta nueva perturbación al mercado del trabajo podría constituir uno de los cambios pospandemia que mayor contribución genere a la recuperación laboral. Complementariamente, puede motivar un aumento en la calidad de vida de las familias y ser un cambio mejorador en el desempeño en la economía nacional.

El objetivo primordial de recuperación del empleo agregado puede ser viable mediante la fijación legal de una jornada semanal de 40 horas. Este cambio estructural es clave para hacer que la necesaria recuperación económica se materialice y permanezca en el tiempo. El argumento es simple, porque el nivel de empleo se puede fundamentar mediante un modelo que lo relaciona directamente con el PIB, e inversa a productividad y jornada laboral anual. Este modelo permite explicar de forma simple y entender el efecto rezagado que puede tener la pandemia, tanto en la productividad como en el mismo empleo futuro.

En abril de 2020, la Comisión Nacional de Productividad (CNP) emitió un informe técnico que concluyó varios aspectos negativos de la propuesta que buscaba establecer 40 horas semanales para cada trabajador. En el punto 6 del resumen ejecutivo de dicho estudio, específicamente en las letras a, b, c, d y e, se determinó que el efecto de la reducción a 40 horas provocaría que las horas anuales efectivas de trabajo disminuirían un 5%; los salarios disminuirían hasta 5,5%; el crecimiento del PIB se reduciría hasta 1,5%, la productividad -por su parte- crecería menos y se produciría sustitución del empleo (ahora más caro) vía aumento de stock de capital, respectivamente.

Por tanto, se podría derivar que basado en este estudio, la nueva regulación laboral sería incompatible mejorar el bienestar (y con ello la calidad de vida de las familias). Además, en el punto 9 de dicho resumen se afirmaba que eran necesarios "plazos e instrumentos de ajustes" para evitar, asumiendo la reducción a 40 horas, efectos negativos en los salarios y el empleo. Sin embargo, la naturaleza realizó un cambio estructural no anunciado (en jerga económica, "jugó la naturaleza"). Chile fue impactado por la pandemia del Covid-19, modificando algunos (sino todos) de los supuestos del citado estudio. Pero más significativo aún, se sigue observando un nivel de desempleo elevado y persistente por ya más de un año.

Las empresas que superarán la crisis probablemente logren mejorar su productividad, dado su propia curva de aprendizaje y el ajuste de los costos operacionales que provocó este shock. Se puede deducir que esto presionará aún más al desempleo, dado que no se requerirán nuevos trabajadorxs en sus procesos productivos para el actual nivel de actividad.

Luego, el posible nuevo equilibrio es de menor empleo en este tipo de empresas. Sin embargo, en el mediano plazo (varios trimestres) el efecto positivo en productividad también puede presionar a una disminución de la demanda agregada, junto al cese de los estímulos fiscales y al término del aumento de liquidez provisoria que generaron en el consumo los sucesivos retiros de los fondos de pensiones. Por tanto, un cambio estructural factible, sería reducir la jornada laboral, esta vez para incentivar el aumento del empleo, al menos a los niveles pre-pandemia. Esto bajo los supuestos de la recuperación del PIB y que la variable relevante del este problema no es la productividad por hora de trabajo, sino que la productividad por persona empleada.

La esperada normalización de la vida social, que debería apoyar la recuperación económica, tiene en común la discusión sobre qué tipo de equilibrio en el mercado del trabajo se espera tener en Chile. Para ello resulta pertinente discutir en el Senado la modificación en lo sustancial del artículo 22 de Código del Trabajo, no con fundamentos dogmáticos, sino como respuesta de gobernanza pública y privada, a la nueva realidad en la economía que está generando la pandemia.

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