Corte masivo de energía y el colapso de la permisología, urgencia de una modernización real

Sergio Gahona Salazar

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El apagón masivo que afectó a más de 19 millones de personas, desde la Región de Arica hasta la de Los Lagos, dejó en evidencia una crisis que se ha ignorado por demasiado tiempo. La falla en la línea de transmisión Nueva Maitencillo-Nueva Pan de Azúcar 2x500 kV es solo un síntoma de un problema mucho más profundo: Chile tiene una infraestructura de transmisión eléctrica colapsada, una permisología asfixiante que impide avanzar en soluciones reales y un Estado que ha perdido la capacidad de actuar con rapidez cuando el país lo necesita. Sin embargo, no es solo un problema del sistema eléctrico, es también del modelo de desarrollo que hemos construido, donde cualquier inversión estratégica queda atrapada en una maraña burocrática que paraliza al país.

La interrupción del Sistema Eléctrico Nacional no solo dejó sin luz a millones de hogares, sino que además generó un efecto dominó que afectó el funcionamiento de servicios críticos en el país. En la Región Metropolitana, el Metro de Santiago quedó fuera de servicio, al igual que los trenes de EFE en la zona central, incluyendo el metrotren de Valparaíso. Esto provocó un colapso en el transporte público y una congestión vehicular inédita, agravada por la inoperatividad de los semáforos. En este escenario, las autoridades se vieron obligadas a decretar estado de excepción por catástrofe y toque de queda en casi todo el país, algo que solo ocurre en situaciones de emergencia extrema.

Pero más allá de la indignación de las autoridades y de la investigación sobre las causas específicas de la falla, el verdadero problema que este apagón dejó en evidencia, es la vulnerabilidad estructural del sistema eléctrico. Hoy, Chile no tiene la capacidad de transmitir toda la energía que genera en el norte hacia el centro del país. La falta de líneas de transmisión adecuadas ha llevado a que se desperdicie energía limpia y renovable, lo que no solo encarece la electricidad para los consumidores, sino que también limita nuestra capacidad de desarrollo energético. No es la falta de interés en invertir lo que frena el desarrollo de nuestro país, sino la incapacidad de ejecutar los proyectos que ya están planificados. Estas iniciativas quedan atrapadas en una red burocrática ineficiente y una permisología asfixiante que, en lugar de facilitar el crecimiento, lo paraliza.

El sector eléctrico es el mejor ejemplo de cómo la permisología ha pasado de ser un mecanismo de regulación legítimo a una trampa administrativa que impide ejecutar proyectos esenciales. Hoy, construir una nueva línea de transmisión puede tomar hasta doce años, no por la complejidad de la obra, sino por los interminables trámites y permisos que deben obtenerse antes de siquiera colocar la primera torre. El caso del proyecto Kimal-Lo Aguirre, que requiere la tramitación de cinco mil permisos antes de poder concretarse, es una muestra brutal de la ineficiencia del sistema. Mientras tanto, la energía limpia que podría abastecer al país sigue siendo desperdiciada porque no tenemos cómo transportarla. El resultado es un sistema que no solo es incapaz de responder a la creciente demanda, sino que además encarece los costos para los consumidores y limita la competitividad de nuestra economía.

Frente a esta realidad, la modernización de la permisología se ha convertido en una necesidad ineludible. La tramitación del proyecto de ley Marco de Permisos Sectoriales busca dar una respuesta a este problema estructural, pero el desafío sigue siendo garantizar que las reformas realmente reduzcan los tiempos de tramitación y no se queden en promesas vacías. Si bien se plantea una categorización de 380 permisos en cinco tipologías, con el objetivo de reducir los plazos en 30% en promedio, persiste la falta de incentivos y sanciones claras para asegurar el cumplimiento de los tiempos establecidos. Sin mecanismos efectivos que obliguen a las instituciones a respetar los plazos, cualquier reforma corre el riesgo de convertirse en letra muerta, sin generar el impacto que el país necesita.

La reforma a la ley 19.300 es otro elemento clave en este proceso de modernización. La eliminación de los Permisos Ambientales Mixtos, la reducción de plazos para proyectos urgentes y la clarificación de los criterios de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) son avances importantes para destrabar inversiones estratégicas. No obstante, el desafío está en asegurar que estos cambios no sean bloqueados por una visión obstruccionista de la legislación ambiental. El equilibrio entre desarrollo y protección ambiental no puede ser una excusa para paralizar el país. Se trata de fortalecer la seguridad jurídica, evitar interpretaciones arbitrarias que han llevado a la judicialización excesiva de proyectos y garantizar que el SEIA realmente cumpla su rol de evaluar impactos ambientales sin convertirse en una barrera infranqueable para la inversión.

La paralización de obras por hallazgos arqueológicos es otro reflejo de cómo la burocracia ha llevado al absurdo el concepto de protección patrimonial. La actual normativa, bajo la tutela del Consejo de Monumentos Nacionales, permite que cualquier hallazgo arqueológico, sin importar su relevancia, pueda detener la construcción de proyectos viales, energéticos o habitacionales por meses o incluso años. La falta de criterios objetivos para evaluar la importancia de estos hallazgos ha generado incertidumbre y ha dado espacio a decisiones discrecionales que terminan afectando a comunidades enteras. No se trata de eliminar la protección del patrimonio cultural, sino de establecer mecanismos de evaluación más eficientes, con criterios claros que permitan diferenciar entre descubrimientos realmente significativos y aquellos que no justifican detener obras esenciales.

Chile está en un punto de inflexión. La permisología se ha convertido en un obstáculo estructural que frena el desarrollo del país y genera un costo económico y social que no podemos seguir pagando. La inversión en infraestructura no es solo una necesidad del sector privado, sino una urgencia para el Estado, que debe garantizar servicios básicos, competitividad económica y calidad de vida para los ciudadanos. La reforma de los permisos sectoriales, la modernización de la ley 19.300 y la actualización de la normativa patrimonial son pasos fundamentales para recuperar la capacidad de crecimiento y de respuesta del país.

Este no es un debate técnico ni académico, es un debate político. Seguir postergando estas reformas significa condenar a Chile al estancamiento, encarecer aún más la inversión y perpetuar un sistema que solo beneficia a la burocracia y a quienes han hecho de la judicialización un negocio. Si queremos un país competitivo, con energía segura, infraestructura moderna y un desarrollo equilibrado, es momento de avanzar con determinación en estas reformas. No podemos seguir atrapados en el laberinto de la permisología mientras el país se detiene.