Cuando la crisis del empleo se responde con menos derechos
"No hay mejor política social que el pleno empleo". La frase, pronunciada en múltiples ocasiones por Sebastián Piñera, fue retomada por José Antonio Kast durante su última Cuenta Pública para reafirmar una idea que, en apariencia, resulta difícil de discutir. En una sociedad donde el trabajo continúa siendo la principal fuente de ingresos para la clase trabajadora, contar con un empleo constituye, efectivamente, una condición fundamental para el bienestar.
Sin embargo, la realidad del mercado laboral chileno vuelve esa consigna profundamente incómoda. Según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), correspondientes al trimestre marzo-mayo, la tasa de desocupación alcanzó 9,4%, su nivel más alto en cinco años. Pero el desempleo es solo una parte del problema. Si se considera la tasa de subutilización de la fuerza de trabajo -un indicador que incorpora, además de las personas desempleadas, a quienes trabajan menos horas de las que necesitan y desean, a quienes han dejado de buscar empleo por motivos de desaliento, a la fuerza de trabajo potencial y a personas inactivas disponibles para trabajar-, la cifra se eleva a un alarmante 23%(1). En otras palabras, cerca de una de cada cuatro personas en edad de trabajar enfrenta problemas de inserción laboral, ya sea porque no encuentra empleo, porque trabaja menos horas de las que requiere o porque ha dejado de buscar trabajo ante la falta de oportunidades. Lejos de tratarse de una fluctuación coyuntural, como insiste el gobierno de turno, estos datos revelan una crisis persistente del empleo, que da cuenta de las limitaciones estructurales del mercado laboral chileno.
En este contexto, el informe elaborado por el Comité de Reactivación Laboral, encabezado por David Bravo e integrado por parte de los representantes de la derecha empresarial, y entregado al ministro del Trabajo, Tomás Rau, busca ofrecer respuestas para enfrentar este escenario. La preocupación es legítima y urgente, en especial para un gobierno que prometió mejorar los indicadores del mercado laboral. Lo discutible, sin embargo, es el diagnóstico desde el cual se construyen muchas de sus propuestas.
Una parte importante de las recomendaciones vuelve a instalar una idea conocida para el Chile neoliberal: el problema del empleo radicaría en las rigideces del mercado laboral. De ahí que varias de las medidas apunten a ampliar la "adaptabilidad" de la jornada laboral, fortalecer la polifuncionalidad, revisar el sistema de indemnización por años de servicio y facilitar mecanismos que reduzcan los costos asociados a la contratación y al despido de trabajadores/as.
No se trata de medidas completamente nuevas. Por el contrario, forman parte de un repertorio de reformas que ha acompañado durante décadas el debate laboral chileno. La premisa siempre ha sido similar: si las empresas enfrentan menores restricciones para organizar el trabajo, contratarán más personas y el desempleo disminuirá. El problema es que la evidencia no parece respaldar esa hipótesis.
Chile cuenta con un mercado laboral caracterizado por altos niveles de flexibilidad y una institucionalidad que otorga un amplio margen de maniobra al empleador. La elevada rotación laboral, la persistencia del empleo temporal e informal, que alcanza 27%, la extendida subcontratación y otras formas de externalización, que se elevan al 16%, junto con un sistema de negociación colectiva restringido al nivel de empresa y bajas tasas de sindicalización, que no alcanzan a cubrir el 13% de la fuerza de trabajo, configuran un modelo que ha debilitado sistemáticamente el poder de negociación de las y los trabajadores. En este sentido, el deterioro del mercado laboral difícilmente puede entenderse como un fenómeno meramente "cíclico", como ha señalado el ministro Rau. Por el contrario, responde a rasgos estructurales de un modelo de desarrollo que, durante décadas, ha promovido la flexibilización del trabajo y la fragmentación de la organización sindical como mecanismos para reducir los costos laborales y resguardar los márgenes de rentabilidad del capital.
Paradójicamente, si se siguiera la lógica de la ortodoxia neoliberal, un mercado laboral con estas características debería traducirse en mayores niveles de inversión, productividad y dinamismo económico. Sin embargo, la evidencia muestra exactamente lo contrario: la productividad permanece estancada, el crecimiento económico se ha desacelerado y el empleo formal continúa sin recuperar el dinamismo perdido. La promesa de que una mayor flexibilidad conduciría a una economía más eficiente no solo no se ha cumplido, sino que ha coexistido con un mercado laboral cada vez más fragmentado, desigual y precario.
Si la flexibilidad fuera, por sí sola, la solución, probablemente no enfrentaríamos una crisis laboral de esta magnitud. La pregunta de fondo, entonces, no es cuánta flexibilidad necesita el mercado laboral, sino por qué Chile ha dejado de generar empleos de calidad.
La respuesta difícilmente puede encontrarse únicamente en la regulación laboral. La persistencia del desempleo responde a factores mucho más estructurales: una economía excesivamente concentrada en actividades extractivas y de servicios de baja productividad, una débil política industrial, bajos niveles de inversión, escasa diversificación productiva y un crecimiento económico incapaz de absorber sostenidamente la fuerza de trabajo.
En otras palabras, el problema no es solamente cómo se organiza el trabajo, sino qué tipo de economía estamos construyendo.
Sin embargo, el informe parece desplazar esa discusión hacia el plano de las relaciones laborales. Así, medidas como la anualización de la jornada permitirían que las empresas ajusten con mayor facilidad la intensidad del trabajo según las fluctuaciones de la demanda; la ampliación de la polifuncionalidad incrementaría la disponibilidad de las personas trabajadoras para asumir diversas tareas; mientras que la revisión del sistema de indemnizaciones reduciría parte de los costos asociados al despido.
Todas ellas tienen un denominador común: trasladan una mayor proporción del riesgo económico desde las empresas hacia quienes viven de su trabajo.
Lo preocupante es que este enfoque termina naturalizando una idea peligrosa: que la competitividad depende de la capacidad de flexibilizar derechos laborales. Sin embargo, las experiencias internacionales muestran algo bastante distinto. Las economías con mayores niveles de productividad e innovación no son necesariamente aquellas donde despedir resulta más barato o donde las jornadas son más adaptables, sino aquellas que combinan inversión pública, desarrollo tecnológico, capacitación permanente, negociación colectiva robusta y sistemas de protección social que reducen la incertidumbre de la clase trabajadora.
En esa discusión existe una ausencia particularmente significativa: el fortalecimiento de la negociación colectiva. Resulta llamativo que un informe que busca enfrentar la crisis del empleo omita uno de los mecanismos que la evidencia internacional ha mostrado como más efectivos para mejorar simultáneamente los salarios, las condiciones de trabajo y la productividad. Chile continúa siendo una excepción entre las economías desarrolladas al mantener un sistema de negociación colectiva prácticamente restringido al nivel de empresa, una herencia de la dictadura que fragmentó la organización sindical y debilitó el poder de negociación de las y los trabajadores. Avanzar hacia un sistema de negociación colectiva ramal o multinivel no solo permitiría establecer pisos comunes de salarios y condiciones laborales para sectores completos de la economía, sino también reducir la competencia basada en la disminución de los costos laborales, incentivar la innovación y distribuir de manera más equitativa los incrementos de productividad.
La negociación colectiva ramal no constituye un obstáculo para el crecimiento económico; por el contrario, representa una herramienta para reequilibrar las relaciones de poder entre capital y trabajo, disminuir la desigualdad y construir un mercado laboral que ponga en el centro a la fuerza de trabajo. La reactivación del empleo no puede limitarse a crear más puestos de trabajo: debe ser también una oportunidad para democratizar las relaciones laborales y fortalecer la capacidad de quienes trabajan para participar en la distribución de la riqueza que contribuyen a generar.
La discusión, por tanto, no debería limitarse a cuántos empleos somos capaces de crear. También debemos preguntarnos qué clase de empleos estamos promoviendo.
Porque el trabajo no constituye únicamente una variable económica. Es también una institución que organiza la vida cotidiana, define trayectorias de movilidad social y condiciona el acceso a derechos fundamentales. Reactivar el empleo sobre la base de una mayor precarización puede mejorar algunos indicadores estadísticos en el corto plazo, pero a costa del bienestar de la clase trabajadora.
Chile necesita crear más empleo, sin duda. Pero necesita, sobre todo, crear mejores empleos. Esa discusión exige pensar una estrategia de desarrollo capaz de diversificar la economía, aumentar la productividad, fortalecer la inversión y ampliar los derechos laborales, no reducirlos.
El pleno empleo constituye una aspiración legítima. Pero convertir cualquier empleo en sinónimo de bienestar social implica olvidar que no basta con crear puestos de trabajo: también importa su calidad, estabilidad, remuneración y el poder que tienen las y los trabajadores para defender sus derechos. Cuando la respuesta frente a una crisis vuelve a ser flexibilizar las condiciones laborales, en lugar de transformar las bases productivas del país y fortalecer la organización colectiva de quienes producen la riqueza, el riesgo es perpetuar un modelo que administra la precariedad en vez de enfrentar sus causas.
Porque el desarrollo no puede construirse sobre la reducción de derechos laborales, sino sobre una distribución más justa de la riqueza que las y los trabajadores generan cotidianamente con su trabajo.
(1) La Tasa de Desempleo Integral (TDI) y la Tasa de Subutilización de la Fuerza de Trabajo son indicadores alternativos de la Fundación SOL que revelan la precarización oculta en el mercado laboral chileno, mostrando que los problemas de empleo afectan a cerca de un cuarto de la fuerza laboral. Es un esfuerzo metodológico para ajustar de forma más adecuada los indicadores de empleo. Se puede revisar en la serie de Informe Mensual de Calidad del Empleo (IMCE)