En los últimos días hemos visto performances de dos altos exponentes del empresariado, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, y el expresidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) Bernardo Larraín Matte, quienes desplegaron todo su repertorio de soberbia y abuso. En el caso del primero, señaló que el Gobierno tiene "sesgo antiempresarial", y el segundo sostuvo un viralizado intercambio con la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, donde le exigía mantener el actual sistema de pensiones y que terminó con la secretaria de Estado convocando al empresariado a que paguen mejores sueldos.
Las dos declaraciones resultan llamativas. Si de algo no pueden culpar al Gobierno es que no escucha a los empresarios. Es cosa de revisar las notas de prensa de meses anteriores para encontrar las innumerables veces que han sido recibidos en La Moneda o en el Ministerio de Hacienda, con el fin de poner límites a las reformas o influir a favor de sus intereses. Ni hablar de los millonarios subsidios y exenciones tributarias que les permiten "emprender". Decir que éste es un gobierno antiempresarial, al menos, debería provocarles pudor.
Lo cierto es que el gran empresariado chileno, donde encontramos al 0,1% más rico de la población, resopla el tufillo a la oligarquía del siglo XIX en su intención permanente de hacer política y negocios a la vez, abriendo camino a los abusos, los bajos salarios y las por lo general precarias condiciones laborales. Todos argumentos que la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores sostiene para convocar al paro nacional activo de este 11 de abril.
Estos dos exponentes -y aquí sumaría a Juan Sutil- no solo hacen política poniendo los huevos en todas las canastas o partidos políticos afines a sus ideas. Ahora lo hacen asumiendo la vocería de una derecha en crisis, que solo habla para defenderlos. Cosa que quedó de manifiesto en el rol que jugaron durante las campañas electorales de los últimos dos plebiscitos constitucionales porque, claro, había que cuidar los privilegios que heredaron del dictador y que tanto protegen los tecnócratas de todos los sectores.
Lo que debería caracterizar al empresariado es su afán por generar empleo, impulsar el crecimiento, generar trabajo decente y diálogo con las comunidades. Para ello es necesario dejar atrás la soberbia y la codicia para abrirse, tal como lo hicieron más de 250 millonarios y multimillonarios de diferentes países del planeta, que exigieron que les suban los impuestos en una carta titulada "Proud To Pay More" ("Orgulloso de pagar más"), para enfrentar la crisis económica que vive el mundo.
Los empresarios deberían ver a los sindicatos, a la organización colectiva de las y los trabajadores, como una contraparte con la que dialogar y abrir la oportunidad para mejorar las condiciones de vida de las personas. Si pensamos en una familia de 4 personas, donde solo una trabaja, el salario debería llegar a los 730 mil pesos para superar la línea de la pobreza.
Sobre esa base requerimos de un empresariado que hable de los problemas del trabajo, de cómo enfrentamos el debate del cambio tecnológico en los modos de producción, con la compensación de un salario vital que permita a las y los trabajadores vivir en condiciones dignas, no este que aprieta, que se victimiza para sostener sus privilegios económicos, tributarios y políticos para seguir haciendo lo que les plazca.
Por eso se les convoca a cambiar de actitud y usando la muletilla que muchos de ustedes utilizan: hablen menos y produzcan más.
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