La apertura financiera que Chile está llegando tarde a activar
El mayor riesgo del Sistema de Finanzas Abiertas no es técnico. Tampoco es regulatorio. Es temporal. En el mundo financiero, el tiempo no es un factor neutro: define quién compite, quién entra al mercado y quién queda estructuralmente rezagado. Por eso, la postergación de la entrada en operación del Sistema de Finanzas Abiertas hasta 2027 no es solo un ajuste de calendario. Es una decisión que reordena, aunque sea silenciosamente, el ritmo de apertura de la información financiera en Chile. Y ese ritmo importa más de lo que parece.
Hoy, miles de pequeñas y medianas empresas siguen enfrentando decisiones de crédito basadas en información incompleta, fragmentada o tardía. No por falta de tecnología, sino por la persistencia de un sistema financiero que aún opera con baja interoperabilidad de datos. Y esto no es menor en un país donde las pymes representan más del 90% de las empresas y cerca de dos tercios del empleo formal. En la práctica, son el motor del mercado laboral, pero no siempre del acceso al financiamiento.
El Sistema de Finanzas Abiertas nace precisamente para cambiar esa lógica: permitir que personas y empresas puedan compartir, con su consentimiento, su información financiera para acceder a mejores productos, mayor competencia y decisiones de crédito más precisas. No es solo digitalización. Es un cambio en la forma en que se entiende el riesgo.
Porque cuando una pyme puede mostrar su comportamiento real, no solo su historial bancario parcial, la evaluación deja de ser una aproximación y se vuelve una medición más justa. Y cuando el riesgo se entiende mejor, el crédito deja de ser un privilegio limitado y se acerca a una asignación más eficiente. Eso es lo que está en juego.
Por lo mismo, la industria fintech ha invertido durante años en prepararse para este escenario: infraestructura, modelos de riesgo, integración de datos y nuevas formas de originación de crédito. El punto no es si el sistema funciona en teoría. El punto es cuándo empieza a funcionar en la economía real. Y ahí aparece el problema.
El debate público suele plantearse como si fuera una disyuntiva entre regulación e innovación. Pero esa es una simplificación que no refleja la realidad. El verdadero dilema es otro: cómo equilibrar seguridad con velocidad, sin que la segunda termine sacrificando el impacto de la primera.
Porque una implementación que llega tarde no es neutra. Redistribuye beneficios, consolida posiciones existentes y reduce el espacio de entrada para nuevos actores. Y eso ha generado un malestar creciente en parte del ecosistema fintech, que ve cómo una reforma diseñada para aumentar la competencia avanza más lento que la capacidad del mercado para adaptarse.
Chile ha sido un referente regional en innovación financiera. Pero ese liderazgo no depende solo de tener buenas leyes, sino de su capacidad de implementarlas a tiempo para que tengan efecto real.
Si la postergación del Sistema de Finanzas Abiertas permite mejorar interoperabilidad, seguridad y experiencia de usuario, puede ser una decisión razonable. Pero solo lo será si no se transforma en una dilatación que termine debilitando el objetivo original de la reforma: ampliar el acceso al financiamiento y aumentar la competencia.
Porque finalmente, el Sistema de Finanzas Abiertas no trata de tecnología. Trata de poder. De quién accede al crédito, de quién puede crecer, y de quién queda fuera por falta de información. Y en ese sentido, el verdadero riesgo no es la apertura de la información financiera. Es llegar tarde a hacerlo.