Plan nacional de infraestructura, la pirotecnia de la pos verdad

En su segunda Cuenta Pública, el presidente Piñera anunció la ejecución de un Plan Nacional de Infraestructura, que propone una red integrada de carreteras, puertos y aeropuertos y una ambiciosa cartera de proyectos estratégicos.

Asimismo, hizo varios anuncios en el sector transporte…

a) duplicación de la red del Metro en la Región Metropolitana, pasando de 150 a casi 300 km”;

b) puesta en marcha de trenes suburbanos (Rancagua-Santiago; Nos-Santiago; Melipilla-Santiago, y Tiltil-Santiago); c) extensión de las redes Merval y Biotren;

d) declaratoria de interés público de la construcción de tren Valparaíso-San Antonio-Santiago.

Sin duda, se trata de objetivos importantes que el país requiere para su modernización y ampliación de su capacidad productiva, y para una mejor calidad de vida de la población residente.

Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que tales anuncios, ya transcurridos los primeros 15 meses de gobierno, son esencialmente los mismos objetivos y medidas contenidas en el Programa de Gobierno publicitado en la campaña de 2017, incluyendo muchas disposiciones adoptadas en el gobiernos de Michelle Bachelet que esta administración presenta como propias.

Debemos advertir, que es muy improbable que este programa pueda cumplirse a cabalidad durante esta administración, teniendo en consideración la fuerte caída de la inversión en infraestructura que se registró en 2018 respecto del 2017 (16,7% de contracción de la glosa presupuestaria 31 del MOP y 14,6% de la inversión vía concesiones), empinándose la inversión apenas por sobre los 3.200 millones de dólares, cantidad del todo insuficiente para los propósitos que se postula alcanzar e inferior a los casi 4.000 millones de dólares invertidos en 2017.

Más todavía si se entiende que el escenario económico nacional e internacional es bastante menos auspicioso que en marzo del 2018, cuando Piñera inició su segundo mandato.

De hecho, no pasa desapercibido que apenas un día después de pronunciado el discurso presidencial, el presidente de EFE declare que el tren rápido Valparaíso-Santiago no tiene prioridad para el gobierno. En el pasado reciente no ha sido la derecha la que ha impulsado el desarrollo de nuestra infraestructura.

La inversión comprometida (USD 20.000 millones) es equivalente a solo 2% del PIB proyectado para el período 2018-2021, lo que implica que este monto es apenas equivalente a las necesidades de conservación y reposición de la infraestructura existente en un escenario de crecimiento moderado (3%).

Aún se está bastante lejos de la inversión de 5% anual del PIB en infraestructura que registran en promedio los países miembros de la APEC para reducir la brecha que nos separa de las economías más dinámicas.

Por otra parte, desasosiega que los anuncios muestren un exacerbado centralismo y consecuente concentración de decisiones y recursos en la ciudad de Santiago, dejándose entrever una notoria preferencia por las concesiones en las comunas de mayor ingreso.

¿Sólo cultura política centralista o cálculo electoral mezquino de privilegiar los territorios que acumulan una mayor cantidad de votantes?

De alguna manera, las regiones empiezan a sentir que están financiando las numerosas obras planificadas en Santiago, siendo apenas mencionadas en el discurso presidencial. Claramente, con independencia de los objetivos del gobierno, lo de la descentralización es solo retórica discursiva del presidente y sus adláteres.

Parece inadecuado seguir estimulando el transporte automotor privado vía la ampliación de carreteras y la construcción de nuevas autopistas, que no resuelven los problemas de congestión y de movilidad, como lo indican numerosos estudios internacionales, en desmedro de modos de transporte más limpios ambientalmente y más eficientes.

En gran medida, tales anuncios contradicen lo relativo al impulso a la industria ferroviaria. En este sentido, nos habría gustado un mayor compromiso con el fortalecimiento de la electromovilidad integrada a un sistema de transporte público sostenible en términos ambientales, y un mayor estímulo a la construcción de ciclovías, restringidas a iniciativas de algunos municipios. Aunque Piñera sostuvo que su aspiración es lograr que el 70% de la RED sea eléctrica, lo cierto es que la solicitud de máquinas nuevas se refiere a estándares Diésel Euro 6 y no a máquinas eléctricas.

Coincidimos, entonces, con las preocupaciones de algunos alcaldes de ciudades de regiones, quienes extrañaron medidas orientadas a la instalación de tranvías y corredores segregados de buses y una preocupación efectiva por los conflictos ambientales que aquejan al país, respecto de los cuales no hizo mención.

Finalmente, debemos señalar que el anuncio referente a la construcción de embalses sigue la agenda definida por el MOP antes de este gobierno, resultando preocupante que el presidente no se haya referido a la crisis hídrica y a la búsqueda de soluciones que demandan de modo urgente varios territorios del país, sobre todo considerándose que el avance registrado en esta área es deficiente y que significó incluso la postergación de proyectos que ya estaban licitados, como el de Catemu.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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