Tal vez no apareció mucho en la prensa, pero a principios de agosto la Presidenta, Michelle Bachelet, firmó el decreto que buscará instaurar por vez primera, una nueva Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (PNSST) en nuestro país. Esto es todo un hito, de suma relevancia no sólo para entidades técnicas, sindicales, políticas y gubernamentales, pues implicará cambios significativos para la población como conjunto. Enhorabuena, son varios millones de chilenos los que trabajan y otros tantos los que dependen de ese trabajo.
Fue a mediados de la administración anterior cuando el Estado de Chile firmó el Convenio 187 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y entre otras cosas, se comprometió a desarrollar, a través de un diálogo tripartito (representantes de los trabajadores, empleadores y del gobierno), un sistema global de seguridad y salud en el trabajo, evaluando aspectos tan amplios como la multiplicidad de normativas y regulaciones, la institucionalidad (poco jerarquizada y muchas veces con duplicidad de funciones), coordinación intersectorial, asistencia técnica, vigilancia en la salud, capacitaciones o fiscalización.
Y eso por nombrar sólo algunos, pues la envergadura de esta nueva política nacional se traducirá en la creación y remodelación de las más diversas instituciones vinculadas al mundo del trabajo y cómo éstas se relacionan entre sí, todo enmarcado en la consagración constitucional de la seguridad y salud en el trabajo, pues hoy tal marco no existe. Al menos, no oficialmente.
Es claro que el tema país y lo que en especial inquieta a la ciudadanía es el sistema de pensiones. Ya van dos multitudinarias marchas nacionales y probablemente, vengan más.La Comisión Bravo terminó su labor entregando una serie de propuestas, pero el mismísimo ministro de Hacienda, recientemente sostuvo que éstas tenían incoherencias intrínsecas y errores de cálculo, además de ser muy amplias, es decir, poco concretas o muy teóricas. A su vez, la Presidenta y su comité de ministros anunciaron las suyas, pero el respaldo, evidentemente, no se condijo con lo que se esperaba.
Simultáneamente, se sabe, buena parte del tiempo y del espacio de esta administración se ha invertido en diálogos ciudadanos, encuentros y desencuentros y, en especial, en idear y ejecutar una serie de otras reformas: educacional, tributaria, laboral y a la Constitución. Y para hacer eso y lo otro, sólo va quedando año y medio. No se trata de perder el optimismo, pero tampoco de perder el sentido de la realidad.
Todos, en alguna medida, queremos que estas reformas se lleven a cabo. Unas más y otras menos.
Pero en lo que sí debemos concordar es que para avanzar en la dirección correcta, de poco nos sirven los ideologismos, las cosas a la rápida y los arrebatos. La única vía es la de los acuerdos y la templanza. Ya no hay tiempo para seguir paseando la retroexcavadora sin rumbo y llegó la hora de pasar el arado con una buena yunta de bueyes bien afiatada, surcando la tierra hacia un futuro mejor: fortaleciendo la institucionalidad, pero por sobre todo, dando las condiciones para que ésta sea legitimada por la sociedad civil.
Y cuando se trata de instituir una nueva PNSST, que puede llegar a modificar un elemento tan fundamental como el trabajo en nuestras vidas, entonces, claro, el llamado es a emprender un proceso metódico y gradual para asentar el Convenio 187, involucrando a todos los actores del sistema. Con ánimo de renovación, pero con calma, que el que quiere hacerlo todo de una vez, termina haciéndolo todo más o menos.
Unamos fuerzas y trabajemos juntos en base a una calendarización flexible, pero razonable. Sin precipitarse en los tiempos, con una real participación en todos los frentes a través de un diálogo social.
Al final, más allá de las diferentes perspectivas que pueda haber, lo que todos queremos es acrecentar el bienestar de los trabajadores, el silente motor oculto de nuestro país.
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