Revisar la ley de pesca

El Ejecutivo ha anunciado que encomendó un análisis técnico de la ley de pesca a la FAO, organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura. Ello busca dar cumplimiento al compromiso contenido en el programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, que incluye revisar la actual normativa.

Este texto, aprobado el 2012, con un fuerte impulso de la administración anterior y del entonces Ministro de Economía, Pablo Longueira, incluyó, en lo sustantivo, la renovación de las cuotas, aprobadas el 2002 por un plazo de 10 años, las que se transformaron en licencias renovables de 20 años de duración.

Adicionalmente, se modificaron los procesos de definición de los límites de extracción, buscando la constitución de organismos asesores más especializados y cuyos informes rigurosos -y no los criterios políticos- fueran los que orientaran las decisiones de las autoridades.

Muchos parlamentarios nos opusimos decididamente a este proyecto, señalando la necesidad de que se expresara de un modo más categórico el carácter público de los recursos del mar, rechazando esta entrega por tanto tiempo y escasas exigencias a unas cuantas empresas y buscando una distribución que mejorara la participación de la pesca artesanal. Lamentablemente, nuestra visión no prosperó.

Como lo advertimos, la situación de los recursos marinos es hoy extraordinariamente preocupante, como también, consecuentemente, la de los miles de pescadores artesanales del país, principales afectados por el estado de colapso de las principales pesquerías.

Ello es lo que desde ya ameritaba una revisión de la normativa. Necesitamos normas que aseguren la sustentabilidad de los recursos y que resguarden que ellos se distribuyan adecuadamente. Investigaciones judiciales en curso la han hecho aún más necesaria al mostrar influencias indebidas en la discusión legislativa. Requerimos mejores normas y también más legitimidad.

Sin embargo, nos parece que esta revisión debe ser tan amplia como sea posible. La FAO es un organismo serio y riguroso, pero debemos incorporar también a la sociedad civil, a los pescadores artesanales, a organismos no gubernamentales y entidades académicas y científicas que puedan efectuar diagnósticos y proposiciones.

Es muy relevante generar condiciones que apunten a una explotación más racional y sustentable de estos recursos. También debemos avanzar paralelamente en aspectos que quedaron postergados como la investigación, la fiscalización y el fomento, para agregar valor agregado a estos productos.

El modelo de mera extracción de recursos naturales en beneficio de unas cuantas empresas  está agotado en muchos sectores de la economía nacional y también en la pesca, por lo que una revisión integral debe procurar su explotación sostenible y, además, que permita el mayor provecho para toda la comunidad y especialmente para la pesca artesanal.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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