Tu lobby, el mío y la política de medicamentos

Como ya nos tienen acostumbrados las autoridades de nuestro país y los medios de comunicación, hemos asistido recientemente a uno más de los debates donde lo accesorio predomina sobre el fondo, esta vez en la discusión sobre los medicamentos.

Por una parte el Ministro acusa a parlamentarios de dejarse dirigir por el lobby de la empresa farmacéutica y éstos por su parte, acusan al propio Ministro de actuar bajo la presión de los dueños de supermercados; todo esto, por el resultado de la votación de una propuesta normativa para permitir la venta de los medicamentos, que no requieren de indicación médica, en los supermercados.

Sin dejar de considerar importante conocer cómo operan los “poderes fácticos” sobre el diseño de las políticas públicas, me parece que este debate en la materia específica en cuestión, la política de medicamentos, es menos importante que apuntar a cuáles deben ser los objetivas de esta política y que estrategias desarrollar para su cumplimiento.

Vamos a los antecedentes principales.

Los medicamentos en nuestro país, constituyen el 55 % del gasto de bolsillo en salud, de acuerdo a cifras de Camilo Cid. Por otro lado, el gasto de bolsillo ocupa cerca del 37 % del gasto total en salud, una cifra que supera largamente la que muestran países de la OCDE, que alcanza cerca del 18 %.

Cabe señalar que el gasto de bolsillo, es el mecanismo más desigual para el financiamiento de la atención en salud, ya que depende del ingreso, por lo que determinará que tendrán más acceso aquellos de mayores recursos y viceversa.Además, el impacto de este gasto en las familias más pobres es más oneroso que en las familias más ricas. Por lo mismo, enfrentar una adecuada política de medicamentos para nuestro país, requiere considerar esta realidad. Es decir, como resolver el tema con una política fiscal.

Ahora bien, una estrategia de fármacos debiera contemplar al menos tres componentes, según lo indica la Organización Mundial de la Salud; asegurar el acceso, la calidad y seguridad y el fomento del uso racional de ellos.

El aseguramiento del acceso, debe considerar mecanismos de control de precios, financiamiento, provisión y sistemas nacionales y locales de suministro. La calidad y seguridad, por su parte, debe incorporar normas reguladoras y de garantía de calidad y, finalmente, el uso racional, debe garantizar un uso terapéuticamente válido y costo-efectivo de los medicamentos por parte de los profesionales de la salud y los consumidores.

En este contexto, el debate sobre la venta de los medicamentos en los supermercados, en primera instancia no parece relevante. Haciendo un esfuerzo, podría entenderse como una medida para fomentar la competencia en el mercado, para ampliar la oferta y de esta forma provocar una caída de precios.

Observemos un poco en detalle el asunto.

El mercado de las cadenas farmacéuticas ha actuado coludiéndose para subir los precios, un nuevo oferente, podría hipotéticamente conducir estos a la baja. Sin embargo, los supermercados no presentan antecedentes más limpios que las cadenas comentadas, el reciente fallo de la Justicia que acusa de conductas abusivas a CENCOSUD en los cobros a sus deudores o la actuación de carteles de productos, como el de los detergentes con los supermercados para evitar el acceso de otros productos diferentes, son antecedentes que no parecen augurar que estos últimos puedan operar al servicios de los usuarios.

Y dejémonos de cuentos el mercado de muchos artículos en nuestro país, ha sido capturado por unos pocos que imponen condiciones de ganancias abusivas para la población y tanto los supermercados como las cadenas de farmacias no se escapan a esta regla.

Entonces, la medida no se orienta con seguridad a mejorar el acceso, aunque sí a aumentar el consumo, lo que no necesariamente es positivo para la salud, incluso puede ser nocivo. Entonces, me parece que el debate sobre el punto de la ley, no sirve al propósito de una buena ley de fármacos y sobre todo, representa una lucha de poderosos por capturar un mercado interesante por su volumen, algo así como 1,5 % del PIB de nuestro país.

En cambio, una política que vale la pena celebrar, por su impacto en precios, por ende por facilitar el acceso y por el aseguramiento de la calidad, es el desarrollo de los estudios de bioequivalencia, que ya alcanza a 160 productos, según información del Instituto de Salud Pública.

Lo coherente entonces es continuar por esa vía, fomentando el uso de ellos por el sector público, agregando demanda para su abastecimiento y como lo señaló la Decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, abrir al mercado los establecimientos públicos, permitiendo su comercialización, por ejemplo como ocurre en las Farmacia de los Centros de CAPREDENA. Un poder de oferta de ese actor si tendrá un impacto importante en la regulación de precios.

Por último, también se puede avanzar directamente en la regulación de precios, que tanto escándalo parece producir en algunas autoridades, por cuanto tratándose de proteger a la población no hay pecado en opciones como esas.

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