Auge de la Educación Superior Técnico-Profesional: el poder de la libertad de elección
Los estudiantes ejercen su libertad de elección cuando optan por seguir estudios profesionales o técnicos, lo que requiere sistemas de educación superior altamente diversos porque, según sostiene la literatura, esto permite que se amplíe la libertad de elección de los estudiantes y sus familias (Codling y Meek, 2006). El solo ejercicio de este derecho permite que las instituciones de educación superior (IES) se adapten más rápidamente a las demandas del entorno y ofrezcan carreras que sincronicen mejor con las necesidades de la población y su entono próximo.
Luego de una pandemia y de la actual incertidumbre económica nacional, las necesidades y prioridades de los estudiantes se han modificado a tal punto que requieren programas más cortos, de bajos aranceles, mejor vinculados con el mercado laboral y compatibles con otras responsabilidades (familiares o laborales). Todo lo anterior es más factible en instituciones que gozan de mayor flexibilidad y autonomía para implementarlos.
En este sentido, Sporn (2001) considera que esta autonomía es esencial, porque contribuye a la adaptación frente a los cambios del entorno y permite el desarrollo de actividades de autorregulación y la determinación de estrategias propias. Consistentemente, Fielden (2008) sostiene que la autonomía institucional funciona como un incentivo para cambiar, innovar y adaptarse antes de que la competencia se imponga.
Los datos del Consejo Nacional de Educación (CNED, 2022) demuestran que los institutos profesionales (IP) se adaptaron más rápidamente a las demandas del entorno. Por una parte, son los que más aumentan su matrícula de primer año (6,4%) y, por otra parte, destacan aquellos que ofrecen programas de corta duración con metodologías a distancia y que no están adscritos a la gratuidad. En tanto, las universidades, que están expuestas a mayores niveles de fiscalización y burocracia, solo experimentan un crecimiento de 2,3% de su matrícula de primer año, sin embargo, las que logran un incremento importante en este mismo indicador son aquellas que presentan una amplia oferta de programas de e-learning.
Por tanto, la libertad de enseñanza para escoger un determinado tipo de educación debe primar en el diseño de políticas públicas como un factor que fortalece el sistema, sin que las vías de financiamiento y/o los sistemas de aseguramiento de la calidad limiten la diversidad de opciones académicas o sellos institucionales; más aún cuando las decisiones individuales aportan a la construcción de un sistema de educación superior técnico-profesional que va en línea con el desarrollo económico y social de Chile.
Por último, el Estado debe tener un trato preferente con aquellas universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que entregan educación de calidad y que aportan sustantivamente a la equidad y movilidad social, sin importar si la provisión es estatal o privada. Es deber del Estado tener un trato prioritario con TODOS SUS JÓVENES, y no discriminarlos porque optaron por educación técnico-profesional en instituciones que no son controladas por la burocracia de turno.
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