Enseñanza en la ruralidad y héroes locales

Jorge Pizarro

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Esta semana se celebró el Día Nacional de la Educación Rural, hito establecido en conmemoración del natalicio de Lucila Godoy Alcayaga, Premio Nobel de Literatura en 1945. Vicuña y Montegrande fueron el marco de los primeros pasos de la poetisa, diplomática, y pedagoga. Gabriela Mistral dedicó especial parte de su vida a ser maestra rural, labor que durante esta crisis sanitaria se hace más imprescindible aún.

Todo el país conoció el esfuerzo de dos hermanos de Las Minillas, cerca de Vicuña, que diariamente debían subir a la cima de un cerro cercano a su casa para captar la señal en los celulares que usaban y así conectarse a las clases virtuales. Una de tantas muestras de las condiciones adversas que muchas niñas y niños deben enfrentar para seguir estudiando. Sin embargo, lo que parece un hecho anecdótico es el día a día de las más de 300 escuelas rurales completas y multigrado, 15 mil estudiantes y casi dos mil profesores y profesoras en mi región de Coquimbo.

Tras un año de pandemia, esta realidad es más patente aún en la educación rural. Cómo profesores y alumnos deben lidiar con precaria infraestructura, dificultad de acceso a sus establecimientos cuando no se asegura conectividad vial, debiendo alumnos y profesores caminar kilómetros para llegar a su colegio por la falta de locomoción. O peor aún, la desatención de parte del Mineduc, al que año a año deben exigir sus demandas y para qué hablar de la educación parvularia rural, que también se ve postergada en cada discusión de presupuesto.

Como si esto fuera poco, las cuarentenas y el consiguiente cierre de escuelas significan para algunas familias verse en la obligación de desertar del colegio, abortando todo un proceso que significó grandes esfuerzos. No es falta de voluntad, es más que nunca, falta de posibilidades. La desigualdad digital profundizó la desventaja de la educación rural respecto la urbana, lo que ya es preocupante, considerando que a nivel nacional aún quedan 200 comunas con menos del 20% de penetración de banda ancha en el hogar.

Hace años que esta realidad viene afectando en lo social a nuestro país, por ello, revertirla es el objetivo del proyecto de ley del gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, que busca reconocer el acceso a internet como un servicio público de telecomunicaciones. Sin embargo, y lamentablemente, la actual administración no vio prioridad en esta necesidad y enfocó sus esfuerzos en lo que parece un objetivo personal: la tecnología 5G.

Nuevamente las familias y comunidades educativas que viven alejadas de centros urbanos vieron postergada una respuesta del Estado al mediano plazo respecto su demanda de conectividad. Internet como servicio de uso público es una política pública esencial para mejorar la educación rural, sus alcances van más allá de optimizar la infraestructura digital disponible en el país. Su retraso evidencia la brecha digital en lugares apartados y de difícil acceso, lo que en este caso está afectando el derecho a la educación de nuestros estudiantes. Ante esto, como mesa del Senado y en vista que el Ejecutivo desestimó patrocinar una moción que va en la misma línea, hemos acordado reactivar la tramitación del proyecto que define internet como servicio público.

Esta es una decisión como parte de los esfuerzos ante la falta de visión o voluntad política que también se manifiesta respecto la TV pública, que bien podría ser otro instrumento que no dependa del sector privado y colabore en la enseñanza. Pero la desidia ha sido más fuerte. La TV pública también debiera incluirse en este desafío de mejorar el acceso a una mejor e integral enseñanza a través de su señal abierta. Actualmente eso no parece tampoco ser objetivo para TVN, siquiera en su señal digital hay un correlato en una gestión orientada a aquello y el ejemplo más claro es cuando pidieron los votos para un salvataje financiero que relacionaron con la implementación de un canal cultural financiado por el Estado. Porque hasta el momento no hay nada, más allá de la retransmisión de material educativo a través de una señal digital, lo que tiene también barreras para sectores alejados.

En el país existen 3.534 escuelas rurales, que representa al 30% del sistema educativo, donde ejercen más de 330 mil profesoras y profesores, con más de 270 mil niños, niñas y jóvenes matriculados. Ellos y ellas merecen una educación de calidad para desarrollar potencialidades acorde a su realidad familiar y local. Sus profesores merecen más que el reconocimiento por consagrar su vida a una educación pública bajo condiciones adversas, relegando a veces su propio bienestar. No basta con marcar efemérides, hay que aunar y poner acción al discurso. No hemos visto real ocupación en la implementación de un sistema de enseñanza que apoye de manera integral las necesidades de la clase rural, que ya siendo presencial es un bastión de voluntades compartidas para llegar con educación a todas las niñas y niños de Chile.

Mejorar la educación rural es también un tema país en la demanda de una nueva Constitución, por cierto. No alcanzan las palabras de buena crianza, no podemos seguir postergando esta urgencia, sí, como tantas otras. Pero la educación rural merece más que el minuto en el noticiero porque un niño debió "aprender en el cerro".