Actualmente se discute en el Senado, en segundo trámite constitucional, un proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo que busca, entre otras cosas, terminar con la doble evaluación que existe hoy para los profesores del sector público. Hoy en día, éstos profesionales deben rendir la evaluación docente establecida en el artículo 70 del Estatuto Docente y también en algunos casos la contemplada en el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, más conocida como Carrera Docente.
Si bien contar con una sola evaluación aparece como algo positivo y necesario, el proyecto se limita únicamente a eliminar por completo una de ellas (Art. 70), sin rescatar ninguno de sus elementos positivos y sin realizar ninguna adecuación a la evaluación que quedaría, lo que tiene como resultado un sistema "evaluativo" con serias deficiencias. Lo anterior resulta indefectiblemente en un menoscabo al aseguramiento de la calidad de la educación que reciben los estudiantes por las consideraciones que comentaremos, las que, por cierto, son solo algunas de ellas.
En primer lugar, preocupa que no sea obligatorio para todos los profesores evaluar su desempeño de forma periódica. Únicamente los profesionales en los dos primeros tramos están obligados a rendirla, lo que da que se puedan evaluar una o dos veces en toda su carrera. Luego de eso la evaluación es completamente voluntaria para ellos. Los profesionales en tramo "Acceso" (profesores con 4 o más años de experiencia que no cuentan con resultados de evaluación y que según datos del CPEIP eran más de 70 mil al 2021) pueden mantenerse en ese tramo para siempre -si así lo desean- y no evaluarse ninguna vez en toda su carrera.
De igual forma, solamente se contemplan consecuencias por malos resultados para todos los profesores actualmente en el sistema y para los que ingresen hasta el próximo año, en el primer tramo. Tener una muy mala evaluación en cualquiera de los otros tramos, no tiene absolutamente ninguna consecuencia (recordemos que nunca se retrocede de tramo). Recién para los profesores que ingresen a partir del año 2025 habrá consecuencias también por malos resultados en el segundo tramo.
Preocupa que un profesor pueda eximirse para siempre de rendir la prueba de conocimientos específicos obteniendo un resultado "B" en ella, lo cual se puede alcanzar con un puntaje equivalente a una nota 3,9 en el colegio.
Por último, el proyecto elimina los Planes de Superación Profesional, destinados a apoyar a los profesores mal evaluados, y encomienda esta tarea a la Red Maestros de Maestros, sin acompañar ningún tipo de recursos adicionales o apoyos para esto. Únicamente se agregan tareas a una organización que, de acuerdo a datos del CPEIP, al año 2022 contaba con apenas 182 miembros realizando proyectos de participación activa para apoyar a otros docentes, lo cual es a todas luces deficiente para los 5.460 profesionales mal evaluados que necesitarían apoyo, según lo informado por el Mineduc.
Históricamente ha existido un sector que ha estado en contra de las evaluaciones, y este proyecto avanza en ese sentido. La tan repetida frase de "los profesores son los únicos que se evalúan de manera estandarizada más de una vez en su carrera" no hace más que reafirmar su deseo de terminar con esto. Pareciera ser que no le han tomado el peso a la importancia de la labor docente y a que son ellos el factor más determinante en la calidad de la educación. Es absolutamente necesario contar con información acerca de su desempeño para poder brindar los apoyos necesarios y asegurar la tan ansiada calidad para nuestros estudiantes.
Lamentablemente, nos empujan de a poco a un sistema en el cual el foco no está en ellos, en donde la calidad de la educación que reciben pasa a un segundo plano, y en el cual además -por supuesto- el sacrificio de sus clases y aprendizajes son herramientas válidas para perseguir beneficios y fines políticos. Es momento de evaluar hacia dónde vamos.
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