Incendios, aluviones, escasez hídrica, envejecimiento y migración plantean desafíos que no admiten respuestas uniformes. Cada territorio de Chile combina vulnerabilidades, recursos y capacidades que deben orientar las soluciones. El megaincendio de febrero de 2024 en Valparaíso, que dejó 138 víctimas fatales según la Fiscalía, mostró la complejidad de estas emergencias y la necesidad de abordarlas desde distintas áreas del conocimiento.
La megasequía de Chile central, documentada desde 2010, también exige articular conocimientos sobre agua, planificación y desarrollo local. A ello se suma un cambio demográfico: según el Censo 2024, el 14 % de la población tiene 65 años o más y las personas inmigrantes representan el 8,8 % del total. Estas transformaciones demandan respuestas sensibles a las características de cada región.
Sin embargo, buena parte de la formación profesional sigue organizada como si los problemas llegaran clasificados por disciplinas. Un incendio en una ladera de Viña del Mar involucra urbanismo, salud mental, derecho, gestión del riesgo y cohesión comunitaria. Ninguna profesión puede, por sí sola, comprender y abordar todas sus dimensiones.
La ley 21.091 sobre Educación Superior incorporó la vinculación con el medio como dimensión obligatoria de la acreditación institucional. Esta exigencia debiera traducirse en planes de estudio donde estudiantes de distintas carreras y programas trabajen con municipios, servicios públicos y comunidades en problemas regionales, con resultados que sus habitantes puedan reconocer y evaluar.
Para ello, las universidades deben asumir a los territorios como interlocutores. El postgrado tiene una responsabilidad particular: reúne a profesionales en ejercicio que conocen estos desafíos desde su experiencia laboral, permite sostener investigaciones de mediano plazo y forma a quienes diseñarán políticas y dirigirán servicios. Su pertinencia debe considerar, junto con las publicaciones y graduaciones, la capacidad de responder a las necesidades y preguntas de las regiones.
Este propósito requiere condiciones institucionales concretas: tesis y actividades de graduación basadas en problemas definidos con actores locales; colaboración interdisciplinaria en torno al riesgo, el agua, el envejecimiento y la migración; tiempo académico reconocido para este trabajo, y mecanismos de evaluación que incorporen la perspectiva de las comunidades. También exige continuidad, para que los vínculos y aprendizajes trasciendan una intervención o un proyecto.
Se trata de avanzar desde la extensión hacia la corresponsabilidad. El territorio es un espacio donde la universidad aporta conocimiento, pero también aprende y revisa sus propias preguntas. Comprender una situación implica interpretarla con quienes la viven e integrar su experiencia en la investigación y en las propuestas de política pública.
Quienes se forman en diálogo con autoridades regionales, municipios, comunidades y otras profesiones cuentan con mejores herramientas para construir respuestas pertinentes. La contribución del postgrado debe apreciarse también en esa capacidad: producir conocimiento situado, orientar decisiones y formar graduados capaces de comprender y transformar, junto con sus habitantes, los lugares en los que viven.