La educación chilena excluye a la discapacidad intelectual
Chile ha iniciado un nuevo ciclo político, un período donde se conjugan la misión lógica de la administración entrante de instalar su relato y agenda, y los deseos de la ciudadanía de insistir sobre los desafíos que cada grupo considera clave empezar a trabajar.
La educación aparece en el tope de las preocupaciones del Presidente José Antonio Kast, especialmente en el ámbito escolar y secundario. Sin embargo, para que esa prioridad sea verdaderamente nacional, no puede dejar fuera a los casi 40 mil estudiantes con discapacidad intelectual y del desarrollo que tienen necesidades educativas especiales de carácter permanente y estudian en escuelas y colegios especiales
Es justo reconocer los avances que existen, como los que entregan los datos de la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia (ENDIDE) 2022, que muestra que la situación de acceso a la educación de las personas con discapacidad intelectual, ya sea en escuelas especiales o en establecimientos comunes a través de Programa de Integración Escolar (PIE), presenta altos niveles de cobertura para los niveles primario y secundario.
Pero debemos seguir avanzando. Quizás el punto más crítico en que debemos hacerlo es en la discriminación financiera. Es inexplicable que las escuelas especiales sigan excluidas de la Ley SEP, cuyo objeto es, precisamente, emparejar la cancha para los más vulnerables. Un estudiante con discapacidad en un PIE de un colegio común recibe estos beneficios, pero si se traslada a una escuela especial -por tener mayores necesidades de apoyo- los pierde. Es un castigo arbitrario al estudiante y al proyecto educativo que las familias eligen.
Para ello se hace necesario incorporar con la mayor urgencia indicaciones al proyecto de ley en trámite que moderniza la ley SEP, lo que es iniciativa exclusiva del ejecutivo, estableciendo expresamente que las escuelas especiales, que educan a estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes, sean beneficiarias de esta subvención especial.
La falta de financiamiento es un obstáculo que atenta contra la calidad de la educación y por ello no se entiende por qué a los estudiantes de colegios especiales se les excluye de tales beneficios de la ley SEP.
Otra de las graves problemáticas de la educación especial es la inasistencia de los estudiantes que por motivos de salud, transporte u otros obstáculos, no pueden asistir con la periodicidad que un buen proceso educativo requiere. A ellos el sistema los castiga con menor subvención por inasistencia. Si a esto agregamos la falta de acceso a los beneficios de la ley SEP, difícilmente un establecimiento podrá tomar las medidas que permitan asegurar la asistencia de estos estudiantes o al menos medidas alternativas que mitiguen la interrupción de su proceso pedagógico.
La inclusión no es un acto de caridad, es un imperativo y un estándar de desarrollo. Es cierto que la educación especial no suele ocupar la amplia caja de resonancia de las discusiones en el Congreso o en los medios, pero eso no implica que sea postergada. Es hora de actuar y gestar los cambios que reclaman urgencia.