Las deudas que dejó el CAE

Gustavo Soto

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Es innegable indicar que a partir de los 90, la educación superior en Chile  establece un crecimiento superlativo, permitiendo que de los 200 mil estudiantes matriculados a comienzos de esa década, llegáramos a una cifra que supera a más de un millón cien mil estudiantes inscritos en el 2015.

A todas luces, estas cifras representaron un reordenamiento en el sistema, permitiendo que la universidad, gradualmente no fuera un privilegio de pocos y que a partir de este crecimiento fomentáramos una cultura de la meritocracia, sustentada por el principio de movilidad social. Las cifras precisaban que 7 de cada 10 estudiantes, representaban a la primera generación que alcanzaba la educación superior.

Pero este crecimiento no venía aparejado precisamente con el desarrollo de una universidad pública, sino más bien se establecía en los sólidos cimientos generados en 1981, reforzado a través de Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza (promulgada un día antes del término del régimen militar) y consolidado por los primeros gobiernos de la Concertación.

Medidas como la implementación del Crédito con Aval del Estado (CAE), que permitía la inserción de la banca en el sistema, so pena de una alta tasa de interés al estudiante y la mantención del aporte histórico como sede de aquellos centros que dependían de la Universidad de Chile, mantuvieron el precepto del autofinanciamiento institucional, debilitando la gestión en aquellas universidades como la nuestra, donde gran parte de los recursos obtenidos eran dirigidos a cubrir los estudios, a través de becas o beneficios de jóvenes con situación económica deficitaria.

Según Carlos Huneeus en su libro “La Democracia Semisoberana: Chile Después de Pinochet”, la disminución del gasto público en educación no fue revertida, en relación al régimen militar, alcanzando el 3,3% del PGB (el más bajo de la OCDE), situándose además nuestro país junto a Israel y Estonia, con el menor aporte directo del Estado en instituciones públicas de Educación con tan solo 35,1%.

De esta forma, el sistema educativo chileno impulsó la inserción de actores privados, que astutamente pudieron visualizar la débil institucionalidad y la escasa regulación que se les exigía, a diferencia de aquellas universidades públicas, que pese a recibir un bajo aporte estatal, debían someterse a mecanismos de control propios de un sistema público.