Retomar el rumbo en educación: una necesidad urgente

Borja Besa Bandeira

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La semana pasada el Ejecutivo presentó, luego de 4 meses en ejercicio, su primer proyecto de ley en materia de educación escolar. Bautizado como "Proyecto de Ley Miscelánea", pretende abarcar cuatro distintos temas, tal vez uno por cada mes de gobierno: tres referidos a asuntos de profesores y uno al sistema de educación pública.

Comienza el proyecto retomando una iniciativa presentada por la administración anterior, en orden a aplazar el traspaso del servicio educacional a los Servicios Locales de Educación Pública que entraron en funcionamiento durante el año 2022, debido a la alta complejidad y al sinnúmero de problemas que han debido enfrentar en el acotado plazo que entrega la ley. Resulta curiosa, pero positiva, la fuerte convicción por la necesidad de este aplazamiento, en circunstancias que el proyecto que no era de su sector, pero que apuntaba a lo mismo, y fue rechazado en general por la Comisión de Educación.

Es decir, fue rechazada la idea de siquiera legislar sobre este tema, con independencia de las modificaciones que posteriormente hubieran estimado hacerle al proyecto, las cuales hubieran aprobado con la mayoría con que contaban.

Por ello, ahora se ven enfrentados, y con los tiempos en contra para abordarlo, a un problema que -de no ser por la pequeñez política- hoy podría haber estado resuelto o al menos en vías muy avanzadas de serlo, sin poner en juego la educación pública de nuestro país que tanto dicen defender.

Celebramos entonces esta necesaria medida y quedamos a la espera del próximo proyecto de ley comprometido por el ministerio para abordar los temas más de fondo que urge mejorar para lograr un adecuado traspaso y un buen funcionamiento de la nueva educación pública.

En otro de los temas del proyecto, vuelven una vez más a la suspensión de la evaluación docente, por tercer año consecutivo. Ya no por el tema sanitario de la pandemia, sino para emplear el tiempo en recuperar lo perdido y poder normalizar la catastrófica situación (lo que vendría muy bien para los niños también en lugar de haber cerrado nuevamente los colegios y alargado las vacaciones de invierno). Diferencias más o diferencias menos, con lo débil de su fundamentación y con todas las complicaciones que esto trae aparejado, como continuar acumulando profesores sin evaluar, la suspensión por este año podría llegar a ser atendible.

Pero incomprensiblemente, o comprensiblemente -depende desde donde se quiera ver-, suspenden desde ya también la evaluación para 2023, por cuarto año consecutivo. Lo anterior asoma como algo bastante arbitrario y falto de fundamento, pareciendo atender más bien a una agenda gremial que al interés del sistema.

Cabe mencionar en este punto que aproximadamente 25 por ciento del presupuesto de la Nación es destinado al sector educación, y de ello, aproximadamente 80 por ciento se gasta en sueldos de profesores, por lo que parece al menos razonable contar con un diagnóstico de su desempeño y no andar a ciegas, como pretendió también el Gobierno con el intento de suspensión de la prueba Simce.

Finaliza la iniciativa legal abordando dos temas a los cuales parece necesario echar mano para resolver: problemas con el pago del incentivo al retiro y la retención de la subvención escolar para el pago de cotizaciones previsionales pendientes. Si bien ambos apuntan en la dirección correcta, sería adecuado establecer sanciones para las municipalidades por la responsabilidad que les cabe en la causa de estos problemas.

Esperemos que esta urgente iniciativa tenga un paso expedito por el Congreso, y que en la discusión parlamentaria prime la cordura y el sentido común, poniéndose en primer lugar y como objetivo a lograr, una mejor educación para nuestro país.