Servicios Locales de Educación Pública: ¿Aplazar su instalación?

Recientemente ingresaron a la Cámara de Diputados dos proyectos de ley para modificar la ley 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública, con el objeto de aplazar la segunda etapa de instalación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Ambas iniciativas buscan modificar el artículo sexto transitorio de la mencionada normativa, el cual contiene un calendario progresivo para la instalación de los SLEP en esta segunda etapa, comenzado con la entrada en funcionamiento de 15 nuevos servicios entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022, y así sucesivamente hasta el año 2025, fecha en la cual se completarían los 70 SLEP previstos en la legislación.

Ahora bien, recordemos que este proceso comenzó en 2018 y a la fecha existen 11 servicios locales, cuya puesta en marcha y funcionamiento no ha estado exento de complicaciones y polémicas. Es más, desde enero de este año se encuentra funcionando una comisión investigadora en la Cámara de Diputados abocada al estudio de eventuales irregularidades que se hubieren cometido en la implementación de la ley y la instalación y funcionamiento de los SLEP.

Por otra parte, recientemente el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, órgano independiente creado por la misma normativa para asesorar al Presidente de la República en la evaluación y análisis del proceso de instalación, entregó su informe de la primera etapa de implementación, llevada a cabo entre 2018 y 2020, y da cuenta de graves problemas y nudos en este proceso.

Entre algunos de los allí expuestos encontramos:

  • Mala gestión por parte de los municipios a la hora de realizar los traspasos tanto de los bienes inmuebles, como del personal
  • Dificultad para completar los equipos de los servicios debido a la falta de personas capaces de cumplir con los requisitos para el cargo; la falta de conocimiento respecto del funcionamiento y reglas que implica un servicio público diferente a las lógicas de administración municipal
  • Necesidad de desarrollar una cultura organizacional participativa; problemas en el diseño de la ley como es el caso de la definición territorial de los SLEP

 

En aspectos positivos, se rescatan de igual manera procesos de aprendizaje y mejora sucesiva desde la instalación de los cuatro primeros SLEP en 2018. Se valora la experiencia que se ha ido adquiriendo de servicio en servicio y que se ha transformado en una herramienta importante.

A todas luces este es un proceso extremadamente complejo, lo cual sumado a la extraordinaria realidad a la que nos ha sometido la pandemia ha resultado en una tarea verdaderamente titánica. Es por todo lo anterior, que, tal como lo plantean los proyectos de ley presentados -aunque uno de ellos erróneamente le quita atribuciones al Mandatario-, parece razonable aplazar el comienzo de la segunda etapa, dando un espacio adecuado para el análisis, la reflexión y el aprendizaje de lo ocurrido en la primera, de manera de poder llevar a cabo este importante proceso responsablemente y, esperemos, en mejores condiciones sanitarias y sociales.

Por lo mismo, llama la atención que no haya habido acuerdo dentro del consejo para permitir el uso de la facultad que la ley da al Presidente para extender la segunda etapa, forzando la aparición de estas iniciativas que, manteniéndose dentro de los límites pensados por el legislador, entienden la dificultad del proceso, y que finalmente, no hacen otra cosa que ir en rescate de los realmente afectados por una mala y apurada instalación: Los estudiantes.

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