Un currículo pendiente para una inclusión real
No se pueden desconocer los avances de Chile para ampliar el acceso de las personas con discapacidad intelectual a la educación. Hoy existe una cobertura significativamente mayor en los niveles primario y secundario, gracias a una política pública que entiende que el derecho a la educación debe ser efectivamente universal.
Sin embargo, garantizar el acceso es solo una parte del desafío. La verdadera inclusión exige que esa educación entregue herramientas pertinentes para la vida que viene después de la escuela. Y es precisamente ahí donde nuestro sistema mantiene una deuda importante.
El Decreto 83, publicado en 2015 y cuya implementación comenzó en 2019, estableció el currículo nacional como obligatorio para los niveles prebásico y básico de la educación especial. Fue un avance relevante. No ha estado exento de dificultades ni ha contado siempre con los apoyos necesarios, pero marcó una dirección correcta: ofrecer una educación de mayor calidad y con mejores oportunidades para los estudiantes con discapacidad intelectual.
Lamentablemente, ese avance no llegó al denominado nivel laboral, etapa equivalente al ciclo final de la trayectoria escolar de estos estudiantes y que debiera prepararlos para enfrentar la vida adulta. Hoy ese nivel continúa funcionando sin un currículo actualizado que responda a las competencias que demanda el mundo laboral y, aún más preocupante, sin una acreditación oficial que certifique los aprendizajes alcanzados.
La consecuencia es evidente. Jóvenes que han completado toda su trayectoria educativa deben enfrentar procesos adicionales para acreditar un "cuarto medio laboral", inscribiéndose en establecimientos regulares y rindiendo evaluaciones ajenas a su proceso formativo. Se trata de una exigencia difícil de justificar y que, en los hechos, constituye una barrera adicional para personas que ya enfrentan múltiples obstáculos para acceder al empleo.
Sabemos, además, que un porcentaje muy reducido de personas con discapacidad intelectual logra continuar estudios superiores o acceder a programas de formación técnica. Esto no responde únicamente a la falta de acreditación. También revela la ausencia de programas especialmente diseñados para desarrollar competencias laborales, autonomía y habilidades para una inserción efectiva en el mundo del trabajo.
La experiencia internacional demuestra que existen alternativas. Diversos países han desarrollado programas de formación técnica y universitaria adaptados, con metodologías inclusivas, formación dual y un fuerte vínculo con las empresas. Es posible construir trayectorias educativas que preparen de mejor manera a estos jóvenes para una vida independiente y una participación activa en la sociedad.
Por eso creemos que ha llegado el momento de dar el siguiente paso. Chile necesita un nuevo currículo para el nivel laboral de la educación especial, diseñado desde las necesidades reales de los estudiantes y articulado con los desafíos actuales del empleo, la formación continua y la vida adulta. Ese nuevo currículo debe ir acompañado de una acreditación oficial que otorgue reconocimiento a los aprendizajes alcanzados y elimine una discriminación que persiste desde hace demasiado tiempo.
No quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecer a la comunidad que hace unos días se sumó a la Colecta 2026 de Fundación Coanil, una instancia no solo enfocada en la recaudación, sino también en la oportunidad que presenta para visibilizar a las personas con discapacidad intelectual, conocer el trabajo que desarrollamos y contribuir a que ninguna de ellas vea limitadas sus oportunidades por falta de recursos. Porque construir una sociedad más inclusiva requiere políticas públicas, pero también el compromiso de todos.