Volvamos a hacer los colegios seguros

Arturo Celedón

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Hemos visto con asombro y preocupación el aumento de la frecuencia y gravedad de los casos de violencia en las comunidades escolares. El Ministerio de Educación dio a conocer de 1.500 denuncias, de las cuales 30% corresponden a hechos de violencia, y la Subsecretaría de Prevención del Delito alertó sobre 32 casos críticos en los entornos de establecimientos educacionales, de comunas pertenecientes al Sistema Lazos, entre los que se registran balaceras y golpizas.

Como Fundación Colunga llevamos más de 10 años trabajando en contextos de vulnerabilidad. Sabemos que la violencia es un fenómeno estructural en nuestra sociedad y que los colegios son más que recintos de aprendizajes de conocimientos formales, sino también uno de los pocos espacios seguros que tienen miles de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza y vulnerabilidad. No podemos dejar que pierdan esos espacios.

¿Es la desocialización de la pandemia el gatillante en el aumento de esta violencia? Distintas autoridades y personas expertas en la materia han dicho que sí, que la pérdida de herramientas socioemocionales y el deterioro en la salud mental que han vivido las niñas, niños y adolescentes en los últimos dos años debido, entre otras, al encierro que implicó la crisis sanitaria puede ser una explicación al aumento, pero su existencia es anterior y un fenómeno que excede nuestras fronteras.

Tenemos la convicción, y la evidencia lo demuestra, que la violencia está vinculada a la desigualdad y a la vulnerabilidad. En Chile, más de 700.000 niñas, niños y adolescentes sufren pobreza por ingresos, más de 200.000 viven en extrema pobreza y más de 186.000 están desescolarizados por lo que asegurar los mínimos vitales, revertir la escalada de violencia en las calles y volver a hacer de los colegios lugares seguros es un imperativo del que debemos hacernos cargo como sociedad.

Nuestra colaboración con decenas de organizaciones trabajando en territorio nos muestra que requerimos de un piso de protección social que, en coordinación con la acción integral de las instituciones educacionales, nos permitan regenerar el tejido social y la confianza que hemos visto erosionarse en estos años de crisis social y pandemia.