La globalidad de la actual pandemia hace que los gobiernos estén centrados en fortalecer las políticas públicas relacionadas con la salud y en desarrollar planes de des confinamiento como medio de reactivación. Sin embargo, no se ha puesto la atención suficiente del actuar de un enemigo silencioso como es la escasez hídrica que afecta a gran parte de los países en Latinoamérica y El Caribe, donde nuestro país no es la excepción.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define al agua como un elemento fundamental para la vida y el desarrollo humano, añadiendo además que la actual crisis del recurso hídrico no deviene solo de la escasez del recurso, sino que tiene su origen en la pobreza y la desigualdad, situación que ha quedado de manifiesto en las últimas décadas en Chile.
En las últimas semanas los favorables datos pluviométricos dados por las precipitaciones en la macrozona central y en gran parte de nuestro territorio nacional abrió para algunos una luz de esperanza de que el brutal fenómeno de la escasez hídrica esté en merma, situación que hay que observarla y analizarla con mucha prolijidad y con precaución.
No obstante lo anterior y en el entendido científicamente de que la escasez hídrica es una interacción de anomalías climáticas, hidrológicas, desbalances de oferta y demanda de agua y uso no adecuado por parte del hombre, llevó erróneamente a mi entender a descuidar y dejar de lado como enfrentar este fenómeno en tiempos de pandemia, considerando que uno de los pilares fundamentales para hacerle frente es el saneamiento, la higiene y la seguridad alimentaria.
Es por ello que el Estado debe desarrollar una línea de acción que apunte a conjugar tres elementos fundamentales como son el acceso, disponibilidad y uso eficiente de los recursos hídricos, ya que tienen impacto directo en la ciudadanía.
Por lo tanto se hace primordial contar cuente con una institucionalidad moderna, crear por ejemplo, una subsecretaría del agua que regule el uso del recurso hídrico a través de una planificación y administración por cuencas hidrográficas acompañado con una infraestructura sustentable y un marco regulatorio (Código de Aguas), que aún está entrampado en el Senado respecto a sus modificaciones más fundamentales, para que sea equitativo, participativo y democrático.
Y que de una vez por todas termine con los inescrupulosos “acaparadores y especuladores del agua” que no hacen un aprovechamiento racional del recurso y lo ven solo como un bien transable en el mercado y por otra parte que reconozca al agua como un verdadero BNUP (Bien Nacional de Uso Público) que sea de propiedad del Estado más aun si proviene de fuentes naturales.
Finalmente es fundamental tener una mirada de bien común con la sociedad y en especial con las personas de menores ingresos para enfrentar esta pandemia, ya que el agua no debe bajo ningún sentido discriminar y creer que existen ciudadanos de primera, segunda y tercera clase, cuando en definitiva es un derecho humano.
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