La imperante necesidad de desarrollar ciudades resilientes

Graciela Ortúzar

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Para desarrollar o mejorar la infraestructura de los gobiernos locales, cada día se le inyectan recursos desde el sector público y privado, de modo que se puedan satisfacer las necesidades de la comunidad, crear nuevos negocios y empresas. Es por esto mismo que es imprescindible que estas inversiones tomen en consideración la perspectiva de la gestión del riesgo (considerando este concepto como amenazas, tanto naturales como antrópicas), ya que esto puede determinar en gran medida, el éxito o fracaso de las políticas de desarrollo que buscamos localmente.

Vivimos en un país que cada año debe hacer frente a grandes desastres naturales. Imposible olvidar el terremoto del 2010, en el que mi querida comuna, Lampa, quedó aislada por daños en acceso principales, en puentes y carreteras, más de mil viviendas destruidas, el total de nuestras escuelas municipales deterioradas, el 60% de la Red de Atención de Salud Primaria dañada, el patrimonio cultural estuvo muy lejos de salvarse, y así podría continuar con innumerables problemas que debimos afrontar, pero que gracias a ellos hoy nos hace ser una comuna resiliente.

Es por este evento que el Estado constituyó una Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, liderada por la ONEMI, la cual vela por el avance en la planificación segura y sustentable del desarrollo, la reducción de la pobreza, la adaptación al cambio climático, la cultura del auto cuidado, investigación y análisis del riesgo, entre otras. Sin embargo, a pesar de la iniciativa del gobierno, nuestro país aún se caracteriza por ser reactivo y no preventivo, por lo que todavía estamos al debe en materias de gestión del riesgo.

Los alcaldes y los representantes del gobierno local debemos liderar, tomar decisiones y hacer frente a los impactos de desastres naturales (cualquiera sea su magnitud) o provocados por el hombre.

En otras palabras, los municipios son la primera línea en respuesta a estos eventos, con grandes responsabilidades, pero con pocas capacidades y herramientas para ejercerlas, por lo que es imprescindible que el gobierno inyecte mayores recursos económicos a los gobiernos locales, para que estos puedan responder a su principio elemental, salvaguardar la vida de las personas de manera proactiva.

Anticipar, gestionar y reducir el riesgo de desastres, así como la creación o puesta en marcha de sistemas de alerta temprana es una responsabilidad urgente de la gestión municipal, ante el incremento de las catástrofes que hemos vivido durante los últimos años y más aún, ante el incremento de amenazas, peligros y vulnerabilidades en los aspectos sociales, económicos, políticos y medioambientales de la nación.

Se deben preguntar de qué manera se puede gestionar el riesgo, pues bien, el riesgo es la función de una amenaza - un terremoto, un incendio o una inundación -, la exposición de la población ante esta amenaza y la situación de vulnerabilidad a la que queda sujeta la población producto de la amenaza. Pero estos factores se pueden mejorar, tomando en cuenta la capacidad institucional de hacerles frente y su actuar para disminuir el riesgo y, por supuesto, la de cada individuo.

A partir de esto, los gobiernos locales y los municipios deben ejecutar acciones que involucren a toda la comunidad. Asambleas y talleres; planes de prevención nacionales; instaurar en los colegios y organizaciones sociales la cultura de la prevención; realizar diagnósticos y planes básicos según las prioridades locales, son algunas medidas que inciden directamente en la reducción del riesgo.

Las comunas urbanas y rurales están compuestas por complejos sistemas que están interconectados, por lo que la resiliencia y la reducción del riesgo deben formar parte del diseño de las estrategias urbanas para lograr un desarrollo sostenible. Por eso es esencial que las autoridades locales asuman el liderazgo convocando a otros actores, reglamentando y supervisando para generar alianzas y una amplia participación, porque es indispensable que cada individuo se haga parte de la construcción de una ciudad resiliente.

En todos los ámbitos que maneja el municipio, tales como educación, salud, transporte, medio ambiente, deporte y otros, se debe integrar la reducción del riesgo de desastres naturales en sus planes, de manera que se pueda trabajar mancomunadamente hacia el mismo objetivo.

Los ciudadanos y los grupos comunitarios, las comunidades indígenas y las poblaciones vulnerables deben participar activamente, informarse y asumir responsabilidades individuales.

El sector privado, por su parte, debe cumplir con las normas de seguridad y apoyar a la comunidad con conocimiento técnico y la continuidad de sus negocios.

La sociedad civil, las ONG de base comunitaria, voluntarias y otras deben participar organizando a la población, coordinando y ayudando a monitorear avances y amenazas.

Las autoridades centrales y los parlamentarios deben apoyar y velar por la centralización de los recursos y las atribuciones, pues el camino es mucho más difícil para los municipios más humildes. Y finalmente, las organizaciones internacionales deben brindar cooperación técnica, mejorar capacidades, proporcionando espacios de trabajo cooperativo y de intercambio de experiencias.

Con el esfuerzo, trabajo y coordinación de todos los actores de la comunidad, debemos orientarnos a construir ciudades más resilientes, para que la población cuente con viviendas y barrios que tengan servicios e infraestructura adecuados, con códigos de construcción razonables, para evitar justamente lo que hoy impacta negativamente a la calidad de vida de la ciudadanía.

Para construir ciudades resilientes, es perentorio invertir recursos en la reducción del riesgo, considerando los beneficios sociales y humanos que genera, además  del desarrollo económico y la creación de empleos, y permitirle a la población residir en comunidades más habitables y contar con ciudades más interrelacionadas, más sostenibles y seguras.