El mediodía del domingo, el gobierno del Presidente Piñera volvió a caer en la trampa del populismo. Precisamente de ese populismo con el que sus representantes acusaron mañosamente a la oposición por su apoyo al proyecto de retiro del 10 % de los fondos previsionales en la AFP.
Con la característica fanfarria de las promociones populares del oficialismo, el ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg, anunció retumbante una segunda oleada de reparto de cajas de alimentos, para los más necesitados bajo el impacto de la pandemia.
El ministro, haciendo una errónea ostentación del éxito de la primera entrega, nos soltó lo mejor de su repertorio para ponderar una decisión que ya probó ser uno de los más importantes desaguisados sociales del actual gobierno en tiempos de pandemia.
Desde luego, hizo caso omiso a las recomendaciones de la oposición y de muchos otros observadores atentos que, en su momento, calificaron aquella gestión de onerosa, por los altísimos costos que irrogó para las Municipalidades; lenta y torpe, dada la premura con que se estaban manifestando las necesidades de la gente, y claramente ineficiente, si se la comparaba con otras opciones que se apoyaban en una tecnología simple, sencilla y al alcance de la mano, como habría sido la entrega de un bono vía cuenta Rut, que permitiera que cada ciudadano, en virtud del interés de su familia, y de su libertad, comprara directamente lo que creyera necesario en su barrio o en los almacenes de la vecindad, promoviendo de paso, un intercambio económico deseable y oportuno para oxigenar la liquidez de sus barrios y poblaciones.
Extraña contradicción vital que viene a demostrar la inconsistencia de sus intenciones, con el agravante de anunciar la nueva ronda, bajo la falacia de que se busca que los pobres se puedan quedar en casa, cuando es cada vez más difícil, casi insostenible para los más pobres y cuando, contradictoriamente, la autoridad hace oídos sordos a la presencia de más de dos millones de personas que circulan diariamente desde sus casas a sus lugares de trabajo, obligados por sus dueños.
Para esta segunda ronda de reparto, que razonablemente es muy bienvenida por las familias de desempleados y sin ingresos mínimos, el gobierno se la juega por sostener la tensión que significa la fanfarria del reparto en las poblaciones y para ello, elige cuidadosamente sus escenarios: esta vez, el anuncio se hizo en el Movistar Arena, lugar de encuentro de muchos espectáculos musicales y también políticos.
Aparte del ministro y sus colaboradores más cercanos, concurrieron dos alcaldes del oficialismo que, apropiadamente, venían a simbolizar la representatividad popular, elemento tan ansiado, y buscado a ultranza por el gobierno, en su afán de congraciarse con la ciudadanía y de revertir los sinsabores de la crisis interna de la coalición, hoy en franco desconcierto.
Por cierto, no dejó de llamar la atención la ausencia del Presidente de la República, tan asiduo a esta clase de alardes y más cuando se trata de una gesta populista de “los chaquetas rojas”.
Esa puesta en escena, como espectáculo de política errática y de desorden administrativo, revela que “Chile Vamos” carece de líderes dispuestos a sacrificar, en beneficio de una consolidación cierta de los principios democráticos que dice resguardar, algunos aspectos de su doctrina que no calzan con las necesidades y convicciones de la gente, como viene ocurriendo con el tema de las AFP; o más concluyentemente, con el llamado ciudadano para una nueva Constitución.
En los próximos días se pone a prueba el sistema previsional chileno en un ambiente de expectación que no es indiferente para nadie. Para el gobierno está en juego el modelo económico. Una estructura basal del neoliberalismo al que “Chile Vamos” consagra todos sus desvelos, con absoluto desprecio de la voluntad ciudadana que espera impaciente el arreglo del 10% y, más tarde, su posible reemplazo definitivo por un sistema más justo y solidario.
El resultado de tal estado de cosas es incierto. Por eso, en vez de insistir en implementar soluciones populistas, el gobierno debe abrazar con sinceridad el espíritu democrático como un acto sagrado de convivencia ciudadana.
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