Populismo penal

En el contexto actual de la pandemia, Chile es uno de los países con cifras de contagios y muertes proporcionalmente más altas a nivel mundial.

Durante el último mes, a pesar de la cuarentena total en la Región Metropolitana, la curva no se aplanó, sino que aumentó su pendiente configurando una tendencia que pareciera no tener término.

El ministro de Salud anterior responsabilizó a la gente de este trágico fenómeno, argumentando que “si no se obedecía el confinamiento, el aumento de casos escapaba al control del gobierno”.

Por su parte, el nuevo ministro Enrique Paris inauguró su gestión esta semana anunciando un endurecimiento draconiano de las penas por incumplimiento de la cuarentena, que incluso podrían llegar a 3 años de cárcel efectiva.

Según la reputada doctora en derecho Elena Larrauri, el populismo penal es la instrumentalización del derecho penal por parte de políticos que buscan sacar réditos a través del robustecimiento de la legislación, fundamentándose en la espuria idea de que el incremento en las penas conlleva automáticamente una reducción de los delitos.

En consecuencia, esta medida impulsada por el el flamante timonel de salud es populismo penal puro y duro, ya que es una herramienta punitiva pensada únicamente para agradar a la opinión pública y no para tener un impacto real.

Las multas que se cobran por vulnerar la cuarentena con la normativa actual ya son muy altas, tanto como para dejar a cualquier familia de los nueve primeros deciles de ingreso en la bancarrota ¿Por qué creerá entonces el gobierno que agregando más sanciones la cuarentena ahora sí será respetada?

Las soluciones reales no se miden por aplausómetro. Se miden por efectividad. Y la brújula de la efectividad la han otorgado las experiencias exitosas y fallidas de decenas de países, de heterogénea composición, que ya han pasado por la mayor parte de esta pandemia. Se sabe más o menos qué hacer y con toda certeza qué no hacer.

En ese sentido, como medidas sanitarias se requiere con suma urgencia aumentar sustancialmente los recursos disponibles para la trazabilidad de casos y se necesitan muchos más testeos.

Asimismo, es indispensable que el gobierno tenga claro que las personas  salen de su casa porque les fascina el frío invernal ni por una adrenalínica inclinación al riesgo de contagiarse; las personas salen, día a día, porque necesitan trabajar para comer.

Por tanto, también es imperioso proveer un ingreso mínimo que garantice un estándar de calidad de vida digno durante los meses que quedan de cuarentena, junto con prohibir taxativamente el corte de servicios básicos.

Las iniciativas que apuntan en el sentido señalado, tales como el ya aprobado ingreso de emergencia o el consenso de los partidos tradicionales alcanzado durante el último fin de semana, presentan una insuficiente cuantía y una escuálida cobertura. Además, no incluyen la posibilidad de proscribir el corte de agua y luz durante esta crítica contingencia.

En cuanto a la cuantía del monto de emergencia, esta debería aumentar notablemente, si consideramos que, según la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, una familia de cuatro personas gasta al menos trescientos veinte mil pesos sólo en alimentación.

Respecto a la cobertura, esta debería apuntar a alcanzar al menos al ochenta por ciento de las familias de menores ingresos, con base en el estudio titulado ¿Cómo va la vida? realizado en 2017 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Dicho informe señala justamente que cuatro de los cinco quintos de la población vivía en ese momento en situación de pobreza o vulnerabilidad, cifra que muy probablemente ha crecido por los devastadores efectos sociales de la pandemia.

Chile no ganará la batalla contra el coronavirus con políticas públicas populistas, sino con medidas sustentadas en la evidencia científica disponible y otorgando verdadera seguridad económica a todas las familias. Hoy es el momento de actuar con responsabilidad y eficacia, mañana será demasiado tarde.

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