Avanzar en justicia juvenil, un deber moral

Rocío Faúndez García

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Uno de los elementos destacados en la última Cuenta Pública fue el desafío para avanzar en la reinserción social de jóvenes. Debemos no sólo trabajar para que adolescentes que han infringido la ley enfrenten con responsabilidad sus actos, sino también para que encuentren condiciones reales para cambiar. Sabemos que la reinserción no es un gesto simbólico, sino que una tarea concreta, difícil y profundamente necesaria.

Por eso, en los últimos años, Chile ha dado pasos significativos hacia una nueva institucionalidad para abordar de manera más justa las distintas realidades que viven niños, niñas y adolescentes. Uno de estos avances es la creación de dos servicios públicos especializados que reemplazan al antiguo Sename, una institución que durante décadas intentó -sin éxito- responder a dos misiones profundamente distintas: por un lado, la protección de la infancia vulnerada; por otro, la responsabilidad penal adolescente.

La separación de estas funciones en dos servicios distintos, radicados incluso en diferentes ministerios, era un anhelo transversal largamente esperado. Así lo recogieron durante años las cuentas públicas presidenciales y las recomendaciones internacionales, especialmente del Comité de Derechos del Niño. Separar funciones no es solo una decisión técnica: es también una decisión ética, que reconoce que, para cumplir dos objetivos de política pública tan importantes, se requiere de herramientas y capacidades diferentes y a la altura.

Hoy, con ambos servicios ya en funcionamiento, el desafío que enfrentamos es dar un paso más: asegurar que esta nueva institucionalidad no solo exista, sino que efectivamente funcione. Que el Estado cumpla de manera integral sus dos deberes hacia la niñez y adolescencia: reparar el daño de quienes han sido víctimas de vulneraciones -la mayoría dentro de sus propias familias- y, al mismo tiempo, acompañar a quienes han cometido delitos, promoviendo su responsabilización, pero también creando condiciones para su cambio y reinserción.

Este doble mandato exige mirar con realismo las trayectorias de vida más complejas. Muchos adolescentes que hoy son parte del sistema de justicia juvenil han vivido, también, múltiples vulneraciones. No se trata de una falla del sistema, sino de una realidad compartida en todo el mundo: existe una intersección, un traslape, entre quienes han sido víctimas y muchos de quienes han ejercido violencia; y es deber del Estado trabajar integralmente esta realidad.

Como señaló el Presidente Gabriel Boric ante el Congreso: "Es posible romper ese destino trágico en que la pobreza condena a algunos a la delincuencia. Hay que prevenir, y una vez ocurrido el delito, no podemos dejar a esas personas a su suerte".

Ese es precisamente el sentido del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, que comenzó su funcionamiento en 2023. No basta con sancionar: hay que ofrecer caminos. Y para que esos caminos existan, se requiere coordinación interinstitucional y enfoque especializado. También implica superar miradas simplistas y dicotómicas -víctimas versus victimarios- y ser capaces de ver a los adolescentes en toda su complejidad, sin renunciar nunca a la posibilidad del cambio. Supone, también, un trabajo coordinado entre los dos servicios que solían ser uno solo.

Desde el Servicio de Reinserción Social Juvenil asumimos con convicción este desafío, pues tal como sostuvo el Presidente en su Cuenta Pública, la reinserción "es un deber moral de toda la sociedad".