En lista de espera
Hace casi 10 años fui al funeral de Lissette Villa. Fui con un grupo de María Ayuda, la fundación que entonces dirigía. En Tiltil vi a su padre exigir justicia parado junto al féretro, y a su madre adormecida por el dolor. Lissette tenía 11 años y murió dentro de un centro del Sename, el lugar donde el Estado había prometido cuidarla.
Esa escena no me ha soltado en todos estos años. Y no me suelta por una razón incómoda: cuando Lissette necesitó atención de salud mental severa, las instituciones que debíamos cuidarla -incluida la nuestra- no fuimos capaces de dársela. No falló solo el Estado. También fallé yo. En una entrevista de esos días dije que como país estábamos al debe en la salud mental de los niños maltratados. Lo dije convencido de que era un diagnóstico que íbamos a corregir.
Una década después releo esa frase y no le puedo cambiar una palabra. Según el Diagnóstico 2026 de la Defensoría de la Niñez, en 2025 había 41.557 niños, niñas y adolescentes en lista de espera para los programas de protección especializada, y la sobreocupación en las residencias subió de 22% a 41% en cinco años. Un estudio del centro IdeaPaís sobre Mejor Niñez confirma el cuadro (hacinamiento y un gasto por niño que creció sin que mejoraran los resultados). Y en el corazón del problema, lo mismo que denuncié entonces: el país tiene menos de la mitad de los psiquiatras infanto-juveniles que necesita y un déficit cercano a dos tercios de las camas para los casos graves, con regiones enteras sin una sola cama especializada para niños. El que necesita salud mental termina derivado a un hospital y a otra lista de espera.
Lo más difícil de aceptar es que esto no fue por falta de voluntad, de leyes ni de recursos. En 2022 levantamos toda una institucionalidad con la Ley de Garantías, reemplazamos el Sename por un servicio nuevo y le pusimos más presupuesto. Tenemos el diagnóstico, las leyes y la arquitectura de coordinación que tanto costó construir. Y aun así, las listas crecieron y las residencias se llenaron más. Hicimos casi todo lo que decía el manual, y el niño que necesita un psiquiatra sigue sin tenerlo. No es el fracaso de un gobierno: es una falla de país.
Y es ahí donde tengo que corregirme a mí mismo. Durante años creí que la respuesta era priorizar, legislar, reorganizar. Lo hicimos, y no bastó. El problema ya no es de diseño ni de diagnóstico: es de cumplimiento. Tenemos un sistema que sabe con exactitud cuántos niños esperan, pero al que no le pasa nada cuando siguen esperando.
Por eso, una propuesta concreta y distinta a la de siempre. No otra ley ni otro servicio. Un plan de Estado, exigible y con cuentas públicas, que se mida por cobertura y no por inauguraciones: alcanzar el estándar de psiquiatras infanto-juveniles que la propia especialidad estima necesario -hoy tenemos menos de la mitad- y cerrar el déficit de camas. Y aquí hay un dato que puede ser positivo: somos un país con cada vez menos niños.
Esa misma realidad que nos angustia -la natalidad más baja de nuestra historia- hace que la meta, año a año, cueste un poco menos en términos absolutos. Conviene entonces fijarla como una tasa que se ajuste a la población real, y no como una cifra fija que quede obsoleta. Ya no tenemos la excusa de la escala: si no somos capaces de cuidar bien a una generación que se achica, ¿cuándo vamos a poder? Y, en paralelo, apostar de verdad por la detección temprana: mientras formamos a esos especialistas, la mejor protección sigue siendo evitar que un niño llegue al extremo al que llegó Lissette.
Me quedo con la humildad de que nadie tiene la solución perfecta, y con la inquietud honesta de quien estuvo en ese funeral. Pero también con una convicción: a un país se le mide por cómo responde a su infancia más vulnerada, no a la más fácil. Y nuestra respuesta, por ahora, sigue siendo una lista de espera.