La eficacia legislativa rinde examen ante la ciudadanía cuando las leyes se implementan por los tomadores de decisión. En el caso de la niñez haitiana migrante que se ha tomado la agenda pública y de los medios de comunicación, o al menos eso parece, cabe examinar la ley N°21.430 sobre protección integral de los derechos de la niñez, la cual entró en vigencia en marzo de 2022, con el propósito de obligar al Estado a generar un sistema articulador de políticas, instituciones y normas, para que de manera coordinada operaran para prevenir vulneraciones y proteger el desarrollo integral de todos los niños, niñas y adolescentes en nuestro país.
Al revisar las distintas notas de prensa de las diversas autoridades entrevistadas, todas tienen al menos una explicación razonable de haber cumplido con su labor o función. Sin embargo, esas explicaciones se debilitan al examinar si actuaron como un Sistema de Protección Integral, que se coordina para proteger los derechos de estas niñeces migrantes. Pero, no se trata aquí de juzgar y buscar responsables, sino de preguntarse dónde está el SISTEMA que la ley mandato implementar, el cual debiera darnos la tranquilidad de que la integridad de esos niños y de todas las niñeces de nuestro país están bajo la lupa de un Estado adulto, donde quienes ejercer el poder, se colaboran, se articulan y no los pierden de vista.
No hay que ser "una genialidad" para saber que los niños y las niñas son las personas más vulnerables frente a las redes de trata de personas, pedofilia y tráfico de órganos. Por ello, no pasa ningún examen de admisibilidad las explicaciones de "nosotros (Departamento de Migraciones, Policía de Investigaciones, Fiscalía, Servicio de Protección de la Niñez, entre otros) cumplimos con lo que teníamos que hacer". El estándar de legal de responsabilidad debiera ser el actuar como SISTEMA y esto supone comportarse como tal, mediante la generación de un trabajo coordinado y sistemático que supere la lógica de "parcelas inorgánicas en la burocracia del Estado".
Cuando una ley no cumple su objetivo, hablamos de ineficacia legislativa, el problema es que el costo lo pagan los ciudadanos y este caso "las niñeces que entraron al país hace más de un año y que recién hoy, todos buscan". Sin duda una tormenta perfecta, generada por los propios tomadores de decisión del Estado.