Adiós España, bienvenida la República catalana

Patricio Escobar

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Hace pocos días un analista del banco holandés ING, Geoffrey Minne, acuñó en un informe el término “Catalanexit” para graficar el efecto que tendría la secesión de Catalunya en los mercados financieros. Con esto ponía nombre a un fenómeno político social de larga data que busca entregar a los catalanes la posibilidad de decidir su destino. Desde un principio se vio escasa probabilidad de concreción, dada la oposición frontal del Gobierno conservador de Mariano Rajoy y el apoyo a esa postura de otros partidos, como es el PSOE y Ciudadanos. Pero a medida que se acerca el plazo fatal y sus impulsores no cejan en sus esfuerzos, la amenaza adquiere visos de realidad.

El hito fundamental de este proceso es la convocatoria para el 1 de octubre (1-O) de un referéndum para que los catalanes se pronuncien a favor o en contra de la separación de España y la creación de la República de Catalunya. Frente a esto, el Gobierno español del derechista Partido Popular ha respondido con la prohibición y la represión judicial de la iniciativa.

Desde el inicio del proceso, la opinión generalizada ha sido que el referéndum es imposible que se realice si el Estado se opone tal como lo está haciendo. Sin embargo, por momentos el proceso parece adquirir vida propia con una ciudadanía que comienza a creer que es posible llevarlo adelante. Lo real es que a pocos días del 1-O, la desobediencia se ha instalado.

El 9 de noviembre del año 2014 se realizó una consulta por fuera de los marcos legales del Estado español. Se había planteado originalmente como un referéndum, pero la presión del Estado la transformó solo en una consulta, lo cual tampoco fue aceptado. En ella participaron el 33% de los llamados a votar, de los cuales sobre el 80% aprobaron iniciar el proceso de desconexión de Catalunya respecto de España. Por esa iniciativa, el Estado español procesó y condenó a diversas penas de inhabilitación y pecuniarias a las autoridades el Gobierno catalán que la promovieron.

La actitud del Gobierno de Mariano Rajoy frente a lo que llaman “el desafío independentista”, ha sido esconder la cabeza, ya no en la arena sino en la Constitución del 78, repitiendo a quien quiera oírlo que el referéndum es ilegal, a lo que ha contribuido el sistema judicial, ilegalizando cada una de las iniciativas destinadas a implementar el referéndum de independencia el próximo 1-O y las leyes de desconexión, en caso de triunfar el Sí.

Frente a ello, las fuerzas soberanistas han doblado la apuesta, desconociendo las competencias de dichas instancias judiciales, lo que de facto supone desconocer la pertinencia en Catalunya de la institucionalidad del Reino de España.

La última iniciativa punitiva del Gobierno de Rajoy, es el intento de procesar a los alcaldes que se han posicionado a favor de la independencia, que son el 75% de un total cercano a los mil. Esto abre una situación no solo inédita, sino absurda, en que finalmente podrían ser encarcelados cientos de alcaldes que se encuentran en funciones.

Las otras iniciativas resultan aún más esperpénticas y van desde aumentar el control sobre las partidas presupuestarias de Catalunya, para perseguir cualquier euro que pueda destinarse a financiar el referéndum, poner a la policía a investigar el lugar donde se ocultan las urnas y las papeletas de votación, y suspender el servicio de electricidad y comunicaciones a los eventuales lugares de sufragio.

¿Habrá o no un referéndum dentro de dos semanas? Resulta difícil imaginar que puedan finalmente instalarse urnas y ver a los catalanes decidiendo su futuro, si el Gobierno central se decide a impedirlo, para lo cual ya ha desplazado a Catalunya refuerzos de la Guardia Civil. Sin embargo, la “solución final” que es la aplicación del artículo 155 de la Constitución del 78, que suspende la autonomía, es un recurso que ni siquiera el PP desea utilizar.

Supondría la intervención de Madrid en Catalunya y revivir el fantasma del 11 de septiembre de 1714 (fecha en que las tropas catalanas fueron derrotadas por el ejército del rey Felipe V). Hoy seguramente un evento menos cruento, pero igualmente destructivo.

Otra consecuencia sería el fin del bloque “constitucionalista”, puesto que nadie estará dispuesto a compartir el costo político de responder a la demanda por el derecho a decidir, con un estado de excepción y un Gobierno de facto en Catalunya. Transformaría un duelo de espadachines, que aún se cobija en los salones del sistema político, en una pelea callejera de imprevisibles resultados.

A pocos días del 1-O, el proceso parece adquirir vida propia. El Gobierno se ampara en una razón formal (que el referéndum es ilegal), lo que se transformaría en un aspecto de absoluta irrelevancia si el Sí de los catalanes supera la marca de la consulta del 9-N, tanto en convocatoria como en adhesión a la independencia.

En la vereda opuesta, el espacio para bajar la iniciativa a condición de abrir un escenario de negociación se va cerrando, en tanto los ciudadanos están participando en actos de campaña que el Gobierno señala como ilegales y que prohíbe. Esto abre el cauce para la expresión de un segmento importante de catalanes que se abstiene en atención a la institucionalidad, pero cuando la posibilidad de que ésta sea desbordada, se hace real.

El PSOE de Pedro Sánchez ha levantado desde el principio una propuesta de reforma constitucional que lleve a España a un modelo federal, lo que supone profundizar el autogobierno de las comunidades autónomas, pero parece llegar cuarenta años tarde, pues el tiempo de la autonomía parece haber pasado para Catalunya, por obra y gracia del propio Partido Popular que bloqueó esa alternativa.

La campaña comenzó el 14 de septiembre y la opción del Sí está en la calle, con carteles y actos que la policía está mandatada para arrancar e impedir, pero en la vereda opuesta, no hay una campaña por el No a la independencia, sino un mantra que señala incansable, que el referéndum es ilegal, muy ilegal.