Este 10 de septiembre de 2018, la Presidenta Bachelet asumió como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). En justicia habrá que reconocer que, con respecto a América Latina, sus primeras intervenciones han tenido un tono más moderado en lo que concierne a la realidad continental, quitando el acento majadero del organismo en contra de los proyectos socialistas y manifestando una preocupación auténtica por la globalidad de la región.
De esta forma, hizo referencia a los activistas asesinados en México, que a agosto de este año superaron las muertes de todo el 2017, a los 53 activistas asesinados en Colombia y a otros 57 aún por confirmar, así como a los 18 defensores muertos en Guatemala en lo que va del 2018.
No obstante, hay un sesgo que persiste, y es que a pesar de los timoratos emplazamientos que ha hecho la ONU a los Estados Unidos por la situación de los niños migrantes, las autoridades del máximo organismo internacional continúan haciendo vista gorda del intervencionismo yanqui en Nuestra América, aún a contra pelo de sus propios informes.
¿Es un requisito del cargo? ¿Una muestra de buena conducta? ¿O la pesada herencia de las malas costumbre de la diplomacia?
Confundir las causas con las consecuencias es la “auténtica corrupción de la razón”, decía Frederich Nietzsche. Pero ocultar las causas de las consecuencias, presentar la realidad como si flotara en la historia, no es una confusión, es una ignominia a la razón, si no una venia forzada, un guiño cómplice de la ONU a la política estadounidense en América Latina.
Resulta ser que tras las chapucerías vertidas en el informe “hecho por Skype” del ACNUDH en 2017, en el que se acusan las violaciones a los DDHH en Venezuela, cuando era dirigido por Zeid Ra'ad Al Hussein, predecesor de Bachelet en el cargo, la misma Organización de Naciones Unidas encargó al experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred-Maurice de Zayas, un informe sobre las causas de la crisis en Venezuela.
Ese informe vio la luz, después de una inexplicable demora, este 30 de agosto de 2018. En el se presenta una síntesis de los estudios realizados por Alfred-Maurice de Zayas, en su visita a Venezuela y Ecuador entre el 26 de noviembre y el 9 de diciembre del año pasado. Documento que se generó en terreno, no por “actividades de monitoreo realizadas fundamentalmente por medio de contactos a distancia”, como confiesa sin vergüenza alguna el informe de 2017.
El informe 2018 es contundente. Establece como las principales causas de la crisis en Venezuela (1) el carácter mono exportador de la economía, que sufrió un fuerte golpe por las caídas de los precios del petróleo; (2) los 19 años de guerra económica; (3) el bloqueo financiero y (4) los efectos de las sanciones económicas impuestas desde 2015, que han resultado en un serio déficit en la importación de medicinas y alimentos.
De esa forma, en el párrafo 36 sindica como los responsables del bloqueo a los gobiernos de USA, Canadá y la Unión Europea, de la misma forma que el párrafo 35 acusa cómo Colombia ha negado la venta de medicamentos urgentes para la población venezolana.
El párrafo 42 señala la “inquietante campaña mediática que busca forzar a los observadores a una visión preconcebida” sobre la situación, todo después de argumentar con base en el Derecho Internacional, como se ha violado el principio de no injerencia y se ha utilizado la economía para estrangular al gobierno y violar los DD.HH. de la población.
Pero la ex Presidenta solo habla de lo que sucede, no del por qué sucede, presenta la realidad sin causalidad. Habremos de esperar mayores precisiones, mayor arrojo, mayor autonomía y mayor ímpetu de una socialista en Naciones Unidas.
Sobre todo de quien sabe, como lo recordamos en Chile cada septiembre, que las guerras económicas existen y que los bloqueos y los embargos son un arma habitual y efectiva del mayor violador de los DDHH de la historia, los Estados Unidos.
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