El proceso político peruano desde la instalación de la candidatura a presidente de Pedro Castillo, su triunfo y posterior instalación en la primera magistratura de la nación se desplegó regularmente con incertidumbres sociopolíticas. Su condición de outsider de la política clásica, como se le indica en estos días, determinó su ascensión y posterior acción en su función de gobierno. Fue un actor desconocido para el resto del sistema político peruano y validado por una comunidad nacional peruana cansada del complejo agotamiento de la institucionalidad política del Perú.
"Démosle la oportunidad a alguien que esté fuera de este circuito, ya que lo conocido no ha entregado el ancho", se indicaba, a propósito de dirigir los destinos de uno de los estados nacionales más importantes de Sudamérica-Latinoamérica (crisis sistémica del ejercicio de la política práctica también se le indica).
La correlación de fuerza en el Congreso Nacional siempre le fue compleja para gobernar e impedir dos vacancias previas, sea por la fragmentación del mismo, como también por el comportamiento que tuvieron la/os congresistas (Perú Libre tuvo 37 bancas, oficialista; y Fuerza Popular 24, fujimorista, las que se fueron realineando con las otras fuerzas del hemiciclo) y las expresiones locales, departamentales y de gobernaciones de este año 2022, donde el desempeño electoral oficialista fue bajo; sumándose su inexperiencia para lidiar con lo que muy bien describieron los teóricos de las elites, en específico Robert Michels con su vigente Ley de Hierro de la Oligarquías, haciéndosele complejo el logro de la gobernabilidad. Castillo, por su origen y trayectoria estaba lejos de instalarse en ese circuito de elites diversas peruanas (complejo en cualquier país). El maestro de escuela y de izquierda sucumbió tempranamente ante esa realidad. Nunca pudo instalar un gabinete consolidado, tempranamente se le descubrieron acciones familiares y de otra naturaleza que le horadaron el prestigio y estatus personal y político.
Pedro Castillo navegó en un sistema de partidos funcional a las diferenciadas fuerzas políticas que aglutinan algunas personalidades en la red de intereses de los grupos de poder económico y político del vecino país, con las posibilidades que permiten los contextos internacionales. Es decir, no se está frente a un sistema de partidos consolidado, con enfoque ideológico y político conocido y permanente en tiempo y espacio, tarea nada fácil por estos días, no sólo en el Perú, sino que en varias democracias occidentales, y desde hace bastante tiempo, a propósito del clásico desafío de la representación política, puesto en cuestión más intensamente por estos días, producto de las desigualdades sociales y posibilidades de conciencia de los hechos, que permiten los medios de comunicación entre otras variables sociopolíticas, socioeconómicas, socioculturales y socio-territoriales.
También, como con otros presidentes de la república peruana, fue víctima de una arquitectura de régimen político democrático donde la relación entre el Ejecutivo y el Congreso se ve obstaculizada regularmente, ya sea porque el primero puede constitucionalmente disolver al segundo, vía fundadas causas, cuestión malograda por el exmandatario, acusado por estos días como un golpista (indican en el Perú que fue un suicidio político, por indicarlo de manera elegante, dado el modo en cómo se avanzó); mientras el segundo tiene el recurso constitucional de la vacancia, en este caso, como también le ocurrió a Vizcarra, por inmoralidad para ejercer el cargo. Fue lo que prevaleció en esta última etapa del quehacer político peruano.
Junto con su procedencia regional desde Cajamarca, que ya implica un desafío para involucrarse en los intersticios del poder, dado que los regionalismos aún relevantes miran con desdén a aquella/os que no provienen desde el centro del poder limeño; debió además lidiar con una lista de expresidentes que estuvieron asociados a ilícitos, durante y a posteriori de concretar sus mandatos, cuando se les investigó(1). La dictadura fujimorista articuló un sistema político no sólo autoritario, sino que con altos grados de corrupción y debilidad institucional, marco referencial que muy difícilmente puede soslayarse respecto de los altos grados de incertidumbre y desconfianza que campea en la sociedad civil y política del país.
Todo ello refrendado por estudios de opinión que entregan a las expresiones políticas institucionales un respaldo poco sustantivo, que no pasa del 10% cuando mucho, sea para el Poder Ejecutivo o Legislativo. Es el momento de la impolítica, diría Pierre Rosanvallon. Esto es inexistencia del sentido de horizonte colectivo dados los altísimos grados de desconfianza sistémico. Ello, acompañado por una geografía de la multitud, inorgánica en lo político e ideológico.
El gesto de Dina Boluarte, vicepresidenta de Castillo y ahora presidenta de la República (bien cuestionada) de adelantar las elecciones para abril del 2023 ¿alcanzará?
¿Le importa a Chile tal situación? ¡Indudablemente que sí!, no sólo por la balanza comercial que articula con el vecino país (favorable a Perú)(2), la cual se ve comprometida en su crecimiento con conflictividades sociopolíticas como ésta; importa no sólo por el temor al incremento del proceso migrante que puede incrementarse, si es que la canalización de la geografía de la multitud y desconfianza asociada no es efectiva; importa no sólo por la vecindad histórica que se ha tenido, tiene y tendrá, sino que además porque en momentos de desarticulación "sistémica sociopolítica profunda" promovida por una "desconfianza provocadora de impolítica", la posibilidad de instalación en la primera magistratura de expresiones populistas que sean capaces de articular esos descontentos socio-territoriales podrían colocar, apriorísticamente, un momento de incertidumbre en las relaciones bilaterales con Chile, impactando negativamente los avances logrados.
En estos momentos, los antecedentes de conflictividad limítrofe o reivindicativas, como ya lo ha consignado Antauro Humala Tasso, líder etnocacerista (hermano de Ollanta Humala Tasso), que sistemáticamente apunta a Arica y Tarapacá como territorios que deben volver a la soberanía peruana (nada nuevo por lo demás)(3), podrían ser funcionales para propósitos cohesivos políticos y sociales, ello sin perjuicio de una u otra manifestación en contrario que se pueda tener contra este líder.
Está demostrado que los nacionalismos exacerbados encuentran en momentos de dispersión sociopolítica, socioeconómica y socio-territorial oportunidad de instalación y acción popular legitimando la toma de decisión de una o un presidente de la República.
(1) Ver en La geografía de la multitud peruana y el baile de los que sobran: un grito de dignidad
(2) Ver en Exportaciones peruanas a Chile llegaron a US$ 7,400 millones en últimos 5 años
(3) Ver en Antauro Humala: "Lo que está pendiente con Chile son los territorios de Arica y Tarapacá"
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