El desagüe judicial

Disminuída casi al límite se encuentra nuestra capacidad de asombro frente a un menú noticioso muy generoso que está sazonado con ingredientes de bastante picor e induce a comensales más perspicaces a sospechar y creer que tal nivel de aliños persigue un deliberado propósito.

La pregunta es obvia, ¿cuál es la finalidad? Ocultar la base de preparación del condumio y reducir todo lo posible la degustación. ¿Resultado? ¡Que hemos sido engañados una vez más! ¿Quién ganó? ¡La desconfianza y la sospecha!

Así las cosas, la fe pública va siendo mermada con el rumor y comidillo, dónde hay verdaderos especialistas que se transforman en expertos para “ver debajo del agua” y anticiparse a los contubernios que se estarían fraguando para tapar las investigaciones en curso por parte de la Fiscalía Nacional.

Lo más penoso de todo esto, es que dichas aprehensiones están arraigadas muy fuertemente en el ciudadano que no hace otra disquisición que la lapidaria sentencia de “que nada va a pasar y que se le echará tierra porque todos están en el mismo fango”.

Si uno da crédito a ese razonamiento, el porvenir de nuestras instituciones quedarían inmensamente cuestionadas y sus efectos devastadores. Es imperativo que la fiscalía haga bien su trabajo, sin las interferencias que se supone habrían gatillado trasladar la arista de Soquimich a la Fiscalía Centro Norte.

No nos hagamos los tontos. Conocida la noticia, los infaltables de siempre saltaron como “resortes” para insinuar de modo torcido que el fiscal Alberto Ayala necesita de apoyos políticos para suceder en el cargo a Sabas Chahuan quien cesa sus funciones en el organismo a fines de éste año.

Otros han apuntado a la idoneidad del hijo del Senador Carlos Montes, a quien le endilgan ese parentesco para que se inhabilite profesionalmente, lo que es un agravio gratuito y un demérito moral hacia su persona, lo que es inaceptable bajo todo punto de vista.

Se le hace un flaco favor a los persecutores del sistema judicial al menoscabarlos atribuyéndoles intencionalidades subalternas y agendas propias, del mismo modo que comentarios carentes de respetabilidad.

Lo que investigan no es “asunto de niños”, es la peor  connivencia entre empresarios, política y dinero, además de delitos tributarios.

Frente a esta pasmosa indagatoria, lo esperable y deseable, es que quienes se esmeran por “echarle pelos a la sopa”, se convenzan de una vez que ese potaje marrullero tiene como único destino el desagüe judicial.