Garzón, la venganza

El fallo condenatorio del Tribunal Supremo de España contra el juez Baltasar Garzón, que en los hechos le aleja de por vida de sus funciones, ha sido repudiado por la comunidad internacional, incluidos editoriales como el del “Times” en su edición del 10 de febrero y el categórico pronunciamiento de la relatora especial de Naciones Unidas, Gabriela Knaul.

Lo ocurrido se refiere sólo al primero de los juicios iniciados contra el magistrado que enfrenta los embates de la ultraderecha fascista española, los de un PSOE resentido por antiguas investigaciones del caso GAL que tocaron a Felipe González, además de las presiones de EEUU por su actuación en procesos como el de las torturas en la base norteamericana de Guantánamo o el asesinato en Irak del periodista José Couso o los llamados “vuelos de entregas extraordinarias” que aviones estadounidenses realizaron trasladando ilegalmente prisioneros sobre suelo de España.

Con tan poderosos enemigos, la CIA incluida, esta sentencia estaba dictada de antemano.

En el caso que nos ocupa se trata de la denuncia por el supuesto abuso en que habría incurrido al decretar las escuchas telefónicas que permitieron descubrir los latrocinios en la comunidad valenciana, conocidos como el “caso Gürtel” que compromete a figuras del hoy gobernante partido derechista, el Partido Popular del presidente Rajoy.

Al respecto es preciso señalar en primer término que resulta al menos discutible la existencia del tipo penal en que habría incurrido Garzón y, de haberlo, debe tenerse en cuenta que en su momento la propia Fiscalía aprobó la actuación del juez y la misma conducta sostuvo el juez que, tras la suspensión del titular, continuó con el proceso.

¿Por qué entonces sancionar sólo a Garzón y no tocar a los otros que actuaron del mismo modo y avalaron las diligencias decretadas?

La farsa judicial es evidente. No es sino el cobro de la cuenta a un hombre valiente que combatió el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo de Estado y que pretendió aplicar la ley a los culpables de delitos de lesa humanidad.

No por nada es que había sido propuesto para el Nobel de la Paz como han recordado estos días los manifestantes de la Puerta del Sol en Madrid.

Una victoria para la derecha gobernante que celebra al mismo tiempo lo que ha denominado su “ reforma histórica”, al reducir a sólo 1 mes por año y con tope de 2 años la indemnización que la patronal debe pagar a los trabajadores españoles por los despidos ilegales o arbitrarios. Es decir, peor que en Chile. Que es mucho decir.

Contra Garzón vendrá ahora la denuncia por su intento de abrir procesos por los crímenes del franquismo. Se le acusa de pasar por sobre la ley de amnistía pero se olvida que sobre ella están los tratados internacionales de los que España es parte, como los Convenios de Ginebra por ejemplo.

Es la misma lógica jurídica aplicada por Garzón en el caso Pinochet y las dictaduras militares argentinas sobre la base del principio de jurisdicción universal aplicable cuando se trata de violaciones a los derechos humanos que constituyen delitos de lesa humanidad.

Entonces, no obstante las amañadas amnistías decretadas por las dictaduras del cono sur, dictó órdenes de aprehensión y dispuso llevar adelante esas causas. En esa ocasión recibió el aplauso de la inmensa mayoría de los españoles y el Tribunal Supremo ratificó sus actuaciones. Cuando se trata de delitos de lesa humanidad no proceden ni la amnistía ni la prescripción. Todos de acuerdo.

Sin embargo ahora, al tratar de los crímenes del franquismo, el poder judicial y la clase política del sistema no vacilan en contradecirse para poder defenderse y en este caso invocan la amnistía para acusar a Garzón de trasgredir la ley. Nunca mejor dicho aquello del “ladrón detrás del juez”.

No le importa a la clase dominante que sean los propios familiares de las víctimas de la brutal dictadura de Franco los que claman por verdad y justicia. Son miles los detenidos desaparecidos y ejecutados.

Son 113 mil niños secuestrados, sustraídos a sus padres republicanos, desaparecidos hasta hoy, y que fueron o asesinados o entregados a familias de la burguesía reaccionaria golpista.

Mientras que los criminales descansan con honores en el Valle de los Caídos construido bajo el régimen de trabajos forzados por los prisioneros de Franco, los enjuiciadores de Garzón defienden a un dictador tan cruel y corrupto como el que acá tuvimos. Los que en Chile celebran la ignominiosa sentencia – que el juez ha rechazado con fuerza – exhiben sus simpatías con las dictaduras.

Finalmente y tal vez por aquello de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio, creo pertinente traer a colación que - guardando las proporciones y las diferencias de cada caso específico – lo sucedido acá con otro juez que se atrevió contra los intocables.

También en Chile las máximas autoridades políticas y judiciales, bajo pretextos diversos, terminaron por sacar del poder judicial al magistrado que desaforó y procesó a Pinochet, el juez Juan Guzmán Tapia.

Los mismos que hoy celebran la sanción a Garzón aplaudieron aquí la salida de Guzmán. Historias parecidas. Venganzas de los poderosos.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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