Ante la gravedad de los hechos denunciados en la comuna de San Ramón, mostrados en reportajes mediáticos que han provocado un fuerte debate y alarma pública en diferentes sectores, no cabe sino esperar una pronta y severa acción de los organismos y entidades del sistema judicial del país.
En Chile crece la conciencia sobre la gravedad que significa el narcotráfico para la convivencia nacional y la buena marcha del sistema democrático. La experiencia global indica cuán nefasta es esta lacra.
En efecto, las mafias que se dedican a lucrar con la adicción a la cocaína y la pasta base corroen las familias, arruinan humildes hogares y van horadando las instituciones democráticas hasta generar un vacío de poder en que acrecientan su accionar y pasan a ser un verdadero Estado dentro del Estado.
En ese escenario impera la crueldad y el descontrol de los jefes mafiosos que ordenan asesinatos, torturas y castigos de acuerdo a su única y exclusiva voluntad. Los narcos con su acción disociadora corrompen el Estado de Derecho y el ejercicio de las libertades fundamentales se ve cuestionado por las bandas armadas que se imponen en las poblaciones.
Por eso, en este tema, la izquierda no puede equivocarse. Un complejo seudo progresismo puede ser fatal. El narcotráfico es un enemigo mortal de la democracia y del movimiento popular, por eso, sus jefes o "capos", "ayudistas" o palos blancos en cargos directivos son incompatibles con una práctica política sana y de mayorías.
Los que se sientan "liberales" asumiendo una actitud displicente o permisiva no calibran el daño profundo que se genera en el mundo popular, en sus organizaciones de base y en muchos de sus dirigentes territoriales que se ven avasallados, arrinconados, o lisa y llanamente, cooptados por la fuerza de la masa de dinero que mueve el narcotráfico.
En democracia no corresponde que los partidos políticos tengan órganos ni funciones policiales. Con ello, sería latente el peligro de una caza de brujas, como ya ha ocurrido en parte de la izquierda latinoamericana.
Por tanto, el sistema judicial debe actuar con prontitud y severidad para desarticular cualquier tipo de red mafiosa que se instale en la institucionalidad política, que no tendrá otro propósito sino acrecentar su poderío, interviniendo en las decisiones que son propias de las fuerzas políticas.
La democracia será más fuerte mientras menor sea la penetración del narcotráfico en el mundo popular, así como más libertad y derechos serán ejercidos por la ciudadanía.
Esa lacra debe ser derrotada a tiempo.
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